QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Confederación Española de Consumidores y Usuarios (CECU) ha interpuesto una queja formal ante la Dirección General de Consumo del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 contra Booking y Airbnb. El motivo de la denuncia es la omisión del número de registro en sus publicaciones de arrendamientos de corta estancia, incumpliendo con la legislación vigente.
La entidad defensora de los consumidores indica que estas compañías deberían haber modificado sus plataformas antes del 1 de julio de 2025, conforme lo dicta el Real Decreto 1312/2024, que estipula la obligación de incluir el número de registro «claramente como parte de sus anuncios antes de permitir la oferta de los servicios de alquiler de alojamiento».
De acuerdo con la evaluación de CECU, Airbnb sigue publicando anuncios sin este número, privando a los usuarios de un dato crucial y, en opinión de la federación, evadiendo la responsabilidad de exigir este requisito a los arrendatarios. Por otro lado, aunque Booking restringe anuncios sin el número de registro, la normativa requería la eliminación de cualquier publicación sin este código a partir del 1 de julio de 2025.
Eloy Gutiérrez, especialista en vivienda de CECU, enfatiza la importancia de que los anuncios respeten la normativa y que la información esté disponible para los consumidores desde la fecha indicada. Gutiérrez recalca que el número de registro es esencial para asegurar que los alojamientos cumplen con los estándares legales y alerta sobre los riesgos de contratar servicios no autorizados, aumentando la vulnerabilidad de los consumidores.
Además, CECU critica la falta de un marco sancionador efectivo y presupuesto suficiente para inspecciones, lo que permite a las plataformas seguir incumpliendo la ley sin enfrentar repercusiones, exacerbando la crisis habitacional, según la federación.
Gutiérrez exige al Gobierno una intervención decisiva en el sector de la vivienda y medidas para que los fraudes no permanezcan sin castigo. El Real Decreto 1312/2024, vigente desde el 23 de diciembre de 2024, ya establecía un plazo para que las plataformas se ajustaran y demostraran el número de registro en los anuncios, subrayando la necesidad de intensificar los controles y sanciones para proteger a los consumidores y asegurar el derecho a una vivienda adecuada y legal.
