El Consejo Español para la Defensa de la Discapacidad y la Dependencia (Ceddd) y su entidad asociada, la Confederación Nacional de Centros Especiales de Empleo (Conacee), han advertido de que el proyecto de Ley de Economía Social —aprobado este martes en el Congreso y pendiente ahora del debate en el Senado— excluye del reconocimiento como entidades de economía social a los Centros Especiales de Empleo (CEE) de iniciativa empresarial, que suponen más del 68% del total y proporcionan trabajo a más de 82.000 personas, de las que más de 69.000 tienen discapacidad.
Según denuncia el Ceddd, el texto —que ha contado con el voto en contra de PP y Vox— “avance sin consenso político ni diálogo suficiente con el sector” y alerta de que la futura norma impulsa un “monopolio que podría perjudicar a otros CEE y limitar las oportunidades de empleo protegido para miles de personas con discapacidad”.
En una nota pública, el Ceddd sostiene que la Ley establece una separación entre CEE de economía social y CEE de iniciativa empresarial que podría desembocar en “una doble banda salarial según la titularidad del centro”, además de provocar “desventaja competitiva de los CEE de iniciativa empresarial en la contratación pública” y “pérdida del reconocimiento como prestadores de Servicios de Interés Económico General, lo que pondría en riesgo la continuidad de cientos de centros”.
Por este motivo, el Ceddd reclama que, en la fase de tramitación en el Senado, se asegure un trato igualitario para todos los modelos de CEE y se permita una convivencia equilibrada entre la iniciativa social y la empresarial, junto con una “protección prioritaria” del empleo de las personas con discapacidad.
Con datos del SEPE correspondientes a 2022, en España había 2.417 CEE, que daban trabajo a 106.429 personas con discapacidad. De ellas, 61.425 desarrollaban su actividad en centros sin calificación de iniciativa social. A partir de estas cifras, la Conacee advierte de que “la propuesta dejaría sin empleo a decenas de miles de personas con discapacidad, en un contexto donde solo el 25% de las personas con discapacidad en edad de trabajar tiene empleo”.
La organización subraya que la realidad es todavía más grave para las personas con discapacidades de especial dificultad, ya que solo una de cada diez tiene empleo, en su mayoría en CEE. Asimismo, lamenta que la ley haya salido adelante “sin participación” de Conacee, a la que define como “la patronal más representativa de los CEE”.
En declaraciones a Europa Press, el presidente de Conacee, Albert Campabadal Blanco, ha remarcado que los CEE “no son solo una fórmula empresarial, sino una herramienta social de primer orden para hacer efectiva la inclusión sociolaboral de miles de personas con discapacidad en España”.
Tal y como detalla, estos centros “convierten el empleo de las personas con discapacidad en un auténtico motor de autonomía personal, dignidad y participación social, especialmente para quienes tienen mayores dificultades de acceso al mercado laboral ordinario” y advierte de que “dejar fuera a una parte esencial de los CEE del marco de la Economía Social supone debilitar un modelo que lleva más de cuatro décadas generando oportunidades reales, estables y adaptadas”.
Campabadal recuerda que las personas contratadas en los CEE afrontan “grandes dificultades para integrarse en el ámbito laboral, de proyectos de vida y de cohesión social”, por lo que reclama que “el Senado corrija esta exclusión para proteger un instrumento que es clave para la igualdad de oportunidades en España”.
Postura de Cepes sobre la reforma de la economía social
La Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) ha mostrado su satisfacción por la aprobación del Proyecto de Ley en la Comisión de Trabajo, Economía Social, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones del Congreso, al entender que supone “un avance relevante para la actualización y modernización del marco normativo que regula a las entidades de la economía social”, un ámbito que en España agrupa a más de 74.000 empresas y entidades, genera más de 2.5 millones de puestos de trabajo directos e indirectos y representa alrededor del 10% del PIB en facturación.
Pese a considerar que el texto constituye “un buen punto de partida”, Cepes recuerda que aún hay “aspiraciones” de la Economía Social “no han sido incorporadas y que resultan de gran importancia” para el desarrollo de este modelo empresarial.
En esta línea, Cepes se refiere a la configuración jurídica de las entidades de la Economía Social y a aspectos relacionados con la Seguridad Social y el Régimen Fiscal de las cooperativas, además de otras enmiendas que afectan a esta fórmula societaria, al entender que la legislación debe actualizarse a las exigencias actuales del mercado y de la sociedad, manteniendo “sus principios y valores”.
Por ello, la patronal confía en que, en las próximas etapas de tramitación en el Senado y en el posterior retorno al Congreso, puedan incorporarse estas propuestas, que “fortalecerían aún más el impacto social y económico de este tejido empresarial”.
El presidente de Cepes, Juan Antonio Pedreño, ha agradecido a los grupos parlamentarios que hayan recogido “prácticamente la totalidad” de las aportaciones de la organización, aunque, en sintonía con Ceddd y Conacee, lamenta “que el proyecto ha sido aprobado por mayoría y no por unanimidad”.
Según Cepes, PP y Vox basan su rechazo en la nueva definición de los Centros Especiales de Empleo de iniciativa social (Ceeis), que tienen “una configuración jurídica y una finalidad distinta a los de iniciativa empresarial: son promovidos por entidades sin ánimo de lucro y deben reinvertir íntegramente sus beneficios en la mejora de la competitividad y en la creación de empleo de personas con discapacidad”, en palabras de Pedreño, para quien esta “finalidad social encaja directamente con los principios y valores de las empresas y entidades de la Economía Social”.
Apoyo del Cermi a la nueva Ley de Economía Social
El Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi) ha celebrado que el Congreso haya dado luz verde a esta norma, con competencia legislativa plena, al entender que “actualiza este ámbito económico en el que se inserta la iniciativa emprendedora de la discapacidad organizada”.
El Cermi resalta que el proyecto de ley define como Centros Especiales de Empleo de Economía Social “exclusivamente a aquellos de iniciativa social, quedando excluidos los de iniciativa privada con ánimo de lucro, que dejan así de tener esta consideración” y valora que, de esta forma, la economía social se alinea con la distinción entre Centros Especiales de Empleo de Iniciativa Social y de Iniciativa Privada introducida en 2017 por la Ley de Contratos del Sector Público.
En consecuencia, el Cermi espera que el Senado “mantenga los avances logrados en el Congreso en materia de discapacidad y que la reforma pueda promulgarse, publicarse y entrar en vigor pronto”.