La Confederación Española de Empresarios de Estaciones de Servicio (CEEES) ha expresado su descontento tras la aprobación de la Ley de Movilidad Sostenible en el Congreso de los Diputados, señalando que perpetúa «ineficiencias» en la transición hacia energías más sostenibles.
La organización ha mostrado su «profunda preocupación por el impacto que dicha norma puede tener sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes) del sector, en cuyas manos se encuentran el 70% de las gasolineras de España».
«La Ley de Movilidad Sostenible mantiene el criterio de obligatoriedad en función de las ventas conjuntas de gasolina y gasóleo, ya presente en la Ley de Cambio Climático y Transición Energética desde mayo de 2021», explicó CEEES, criticando este método por «impone la instalación de puntos de recarga en ubicaciones donde no existe demanda real, como estaciones urbanas, fronterizas o especializadas en transporte pesado».
VULNERACIÓN DE LA LIBERTAD DE EMPRESA
CEEES propone un «criterio de distancia, voluntario y alineado con el reglamento europeo AFIR, que permitiría una planificación más racional y eficiente de la red de recarga».
«La imposición de instalación de puntos de recarga vulnera la libertad de empresa y representa una inversión ruinosa para miles de pymes, que no disponen de los recursos ni de la demanda suficiente para amortizar estas instalaciones», advirtió la asociación, señalando también que el régimen sancionador previsto -el de la Ley de Hidrocarburos- es «desproporcionado, al estar diseñado para grandes corporaciones energéticas».
Desde CEEES recalcan que el problema de acceso a la red eléctrica es «real y persistente», reflejando que algunos de sus asociados «llevan más de dos años esperando la energización de cargadores ya instalados, lo que evidencia una grave disfunción en la planificación y ejecución de la infraestructura de recarga».
FALTA DE COORDINACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES
«La orden ministerial vigente que contempla excepciones para las estaciones de servicio obligadas a instalar puntos de recarga, entre ellas la insuficiencia de potencia en la instalación, no resuelve el problema estructural de acceso a la red ni la falta de coordinación entre administraciones», explicó la organización, que también señaló que la falta de coordinación está «generando un incumplimiento sistemático de la Ley 7/2021, que obliga a instalar puntos de recarga en todas las estaciones nuevas».
A pesar de las dificultades, CEEES reafirma «su compromiso con el cumplimiento de la legalidad y con la oferta de soluciones energéticas diversificadas».
«Prueba de ello son los diferentes acuerdos que CEEES ha suscrito y mantiene en vigor para que sus asociados puedan ofrecer a sus clientes todo tipo de soluciones energéticas, desde electricidad hasta hidrógeno, pasando por GLP, GNC, GNL o combustibles renovables», concluyó la confederación.