Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han manifestado este jueves su frontal oposición al incentivo fiscal diseñado por Hacienda para compensar el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI). Consideran que se trata de una "fórmula trilera" que pretende sustituir la indexación al alza de los contratos públicos, con condiciones "inalcanzables" que, a su juicio, dejarían fuera a la mayoría del tejido empresarial.
En una nota remitida a los medios, ambas patronales denuncian además una "falta de respeto" por la forma en que se ha conocido la propuesta. Critican que el incentivo, planteado como una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, se haya filtrado a la prensa antes de abordarse en la mesa de negociación convocada para esta tarde a las 17.00 horas.
"Por el lado de las formas, queremos dejar claro que no hacemos un buen servicio a la economía ni a la sociedad si sustituimos la concertación social, amparada por el artículo 7 de la Constitución, por la política del anuncio y la puesta en escena", han señalado las patronales, que reprochan al Gobierno haber relegado el diálogo social a un segundo plano.
En cuanto al fondo de la iniciativa, CEOE y Cepyme "deducen" de lo publicado que esta rebaja fiscal vendría a reemplazar "la esperada indexación de los contratos públicos por unas fórmulas trileras y que no compensan los costes asociados a la actualización del SMI planteada", y que además se ha elaborado "de espaldas a lo compartido por todos los interlocutores del diálogo social bipartito en el Acuerdo Interconfederal de Negociación Colectiva".
Las patronales sostienen que el incentivo "deja fuera a todos los autónomos y a la inmensa mayoría de las empresas de todos los sectores". "De hecho, la medida excluye también, de manera insólita, a las empresas en pérdidas, que son las que más lo necesitan, a las cooperativas y a las entidades sin ánimo de lucro", subrayan, al considerar que el alcance real de la medida sería muy limitado.
Asimismo, insisten en que las condiciones fijadas para poder acogerse a la reducción son "inalcanzables para la mayoría de las empresas" y recalcan que, en la práctica, "supone una nueva injerencia en la negociación colectiva y la libertad de empresa". "Es puro intervencionismo", concluyen las organizaciones empresariales.
En cualquier caso, la cúpula de la patronal presidida por Antonio Garamendi avanza que el Comité Ejecutivo de CEOE emitirá una posición formal cuando el Gobierno facilite la documentación completa del incentivo y pueda ser analizada con detalle.
Así funciona el incentivo fiscal propuesto por Hacienda
Según la propuesta de Hacienda a la que ha tenido acceso Europa Press, el Ejecutivo pondrá sobre la mesa de diálogo social una reducción fiscal progresiva, que podría llegar a compensar hasta el 100% del aumento del SMI. Podrían beneficiarse de ella aquellas empresas que contraten trabajadores con salarios por encima del SMI y que, al mismo tiempo, incrementen su plantilla.
En concreto, se prevé una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades para las compañías cuya plantilla media total al cierre del periodo impositivo, con contratos con sueldos superiores al SMI, haya crecido respecto a la existente al inicio de ese mismo periodo.
Para acceder a la rebaja, el aumento de la plantilla deberá ser, como mínimo, de un trabajador a tiempo completo durante un año en empresas con menos de 100 empleados. En el caso de compañías con al menos un centenar de trabajadores, se exigirá un incremento de dos empleados como mínimo o, alternativamente, de al menos un 1% de la plantilla.
La cuantía de la reducción será progresiva en función del incremento de personal. Será menor cuando el aumento de la plantilla sea inferior al 5% y alcanzará el 100% si la plantilla crece igual o por encima del 15%. Además, estos niveles de empleo deberán mantenerse durante los dos ejercicios posteriores.
En detalle, el importe de la reducción que plantea Hacienda se obtendría multiplicando por 0,25 la subida bruta del SMI en el año de inicio del periodo impositivo correspondiente a los trabajadores de la empresa que perciban el SMI, siempre que el aumento de plantilla no supere el 5%.
Si el incremento de personal es superior al 5% pero inferior al 10%, el coeficiente pasaría a ser 0,50; si el crecimiento de la plantilla rebasa el 10% pero no llega al 15%, se aplicaría 0,75, y cuando el aumento sea igual o superior al 15%, el multiplicador sería 1.
Para aplicar la reducción será imprescindible, además, que la plantilla media total de la empresa al final del periodo impositivo "se mantenga o incremente" respecto a la del inicio y que ese nivel se sostenga durante los dos años posteriores al cierre del ejercicio en el que se practicó la reducción en la base imponible.
Igualmente, sólo podrán acceder a este incentivo las empresas cuyos gastos de personal representen más del 70% de los gastos del resultado de explotación de la cuenta de pérdidas y ganancias. En ningún caso la base imponible resultante tras la reducción podrá ser negativa.
Si se incumple cualquiera de los requisitos, se procederá a la regularización de las cantidades que se hubieran reducido indebidamente, con los correspondientes intereses de demora, de acuerdo con el borrador elaborado por Hacienda.
Con este mecanismo fiscal, el Ministerio de Trabajo busca sumar a CEOE al pacto para la subida del SMI. La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, avanzó ayer que la reunión de este jueves será la última sobre el SMI y confía en que concluya con un acuerdo.