La Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) junto a la Plataforma del Tercer Sector, que agrupa aproximadamente a 28.000 entidades de índole social, han lanzado un llamamiento conjunto al Gobierno para que se realicen modificaciones en la Ley de Desindexación de la Economía Española. El principal objetivo de esta solicitud es “garantizar la viabilidad de los servicios públicos esenciales”.
Las dos entidades han advertido que la actual legislación, que desliga los precios de los contratos públicos del Índice de Precios al Consumo (IPC), bloquea la actualización regular y automática de los precios, incluso ante eventos imprevistos, lo que está causando un “grave impacto en la contratación pública de servicios esenciales”.
“Esta rigidez normativa está generando efectos perversos en la prestación de servicios básicos, especialmente en el actual contexto socioeconómico marcado por la inflación y la incertidumbre geopolítica”, han manifestado ambas organizaciones.
PONE EN RIESGO “LA VIABILIDAD DE MUCHOS CONTRATOS”
Juan Antonio Segura, comisionado de sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector, quien firmó el documento en representación de la entidad, ha indicado que la aplicación de la desindexación al sector servicios compromete la continuidad de numerosos contratos, afecta la atención a individuos en situación de vulnerabilidad y pone en peligro la sostenibilidad de las organizaciones que brindan estos servicios.
Por otro lado, Juan Ignacio Beltrán García-Echániz, presidente de la comisión de servicios intensivos en personal de la CEOE, ha resaltado la necesidad de esta modificación legislativa, ya que las fluctuaciones de costos y la incapacidad para adaptar los contratos a estos cambios, crean una atmósfera de inseguridad que repercute negativamente en la actividad del sector y, finalmente, en los beneficiarios de los servicios.
Es importante recordar que restablecer la actualización automática de los contratos públicos basada en el IPC es una “demanda histórica de CEOE ya que, a juicio de la asociación, esta “garantizaría la viabilidad de muchas empresas y organizaciones, especialmente del tercer sector, que ahora no pueden ajustar los precios pese a la subida de costes”.
DESINCENTIVA LA PARTICIPACIÓN EN LICITACIONES PÚBLICAS
Adicionalmente, ambas entidades han señalado que se está produciendo un “desequilibrio económico” en los contratos, obligando a muchas entidades a ofrecer servicios a pérdidas, lo que desmotiva la participación en licitaciones públicas al no poder asegurar condiciones mínimas de calidad y regularidad.
“Además, se pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales, especialmente aquellos dirigidos a personas en situación de vulnerabilidad, y se amenaza la viabilidad de las organizaciones prestadoras, agravada por prórrogas forzosas y órdenes de continuidad sin posibilidad de revisión de precios”, han explicado.
Asimismo, CEOE y la Plataforma del Tercer Sector han reclamado “recuperar la indexación de los contratos públicos de servicios, una demanda reiterada por organizaciones sociales, sindicales y empresariales”. Proponen modificar la Ley 2/2015 y su normativa de desarrollo, así como el artículo 103 de la Ley de Contratos del Sector Público, para permitir la revisión de precios en función de la evolución de los costes.
Además, destacan que ya se han aprobado medidas similares para los contratos de obra pública, demostrando la “viabilidad jurídica y presupuestaria de aplicar esta solución también al sector servicios”.
Por último, ambas entidades han urgido al Gobierno a actuar “con urgencia” para garantizar la sostenibilidad de los servicios públicos esenciales, proteger los derechos de las personas en situación de vulnerabilidad y fortalecer la capacidad del Estado para responder a las crecientes demandas sociales.