Las organizaciones empresariales CEOE y Cepyme han rechazado de plano el incremento del salario mínimo interprofesional (SMI), al que han tildado de “trampa”, al entender que el Ministerio de Trabajo ha acordado realmente con los sindicatos la tramitación de la no compensación y absorción de los complementos salariales, “quebrando” así la negociación colectiva.
En un comunicado conjunto, ambas patronales han denunciado que “nunca” se había producido una falta de consideración y un desprecio “tan claro” al diálogo social como el “presenciando en estos días”, subrayando que se ha dejado al margen a las organizaciones empresariales.
Según recalcan, el aumento del SMI pactado este jueves entre Trabajo y las centrales sindicales se ha cerrado “saltándose de nuevo el Estatuto de los Trabajadores y quebrando la negociación colectiva, lo que llevará a un incremento exponencial de los costes y asfixiará a gran número de empresas”, especialmente a las de menor tamaño.
La CEOE justifica su oposición a la subida en la imposibilidad de respetar los mínimos tiempos y procedimientos de consulta propios del diálogo social, al no haber recibido ninguna oferta formal en la reunión de esta tarde y en un contexto de “descoordinación y conflicto” entre ministerios que califican de inédito.
El presidente de ATA, Lorenzo Amor, también ha mostrado su rechazo frontal al planteamiento del Gobierno, al considerar que la propuesta de incremento del SMI es “inasumible” y “desproporcionada” para los trabajadores por cuenta propia, y ha acusado al Ministerio de Trabajo de “jugar” con el tejido empresarial y los autónomos.
“Tres meses ya prácticamente perdiendo el tiempo y una subida que parece que estaba diseñada y que lo que se ha estado es entreteniendo o intentando jugar en general con los autónomos y con las empresas”, ha asegurado, criticando la gestión de la negociación.
Críticas al incentivo fiscal de Hacienda
Por la mañana, las patronales habían manifestado también su rechazo al incentivo fiscal planteado por el Ministerio de Hacienda para compensar el impacto del SMI, al considerarlo una “fórmula trilera” que sustituye la indexación a los contratos públicos por un mecanismo con requisitos “inalcanzables” y que, en la práctica, dejaría fuera a la mayoría del tejido empresarial.
La iniciativa de Hacienda consistía en articular un incentivo fiscal, mediante una reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades, destinado a las empresas que realizaran contrataciones con salarios por encima del SMI, con el objetivo de fomentar este tipo de empleos.
No obstante, esta propuesta finalmente no se ha debatido en la mesa de negociación tripartita celebrada este jueves, tal y como ha explicado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, quien ha admitido que esta medida no era la opción preferida por su departamento, que defiende indexar el SMI a los contratos públicos.
El secretario de Estado ha detallado que la cuestión no se ha abordado en la reunión de la tarde debido a las objeciones planteadas por la patronal. “De manera que el Ministerio de Trabajo ha decidido no someter la propuesta de Hacienda a la mesa de diálogo social por considerar que era una pérdida de tiempo y aquí no estamos para perder el tiempo”, ha remarcado.