La subsidiaria panameña del grupo hongkonés CK Hutchison Ports, Panama Ports Company (PPC), ha puesto en marcha un procedimiento de arbitraje internacional contra el Estado de Panamá, después de que la Corte Suprema del país anulase la concesión que le permitía gestionar dos terminales situadas en el canal interoceánico.
En una nota pública, la compañía detalla que el recurso al arbitraje se presenta "tras una campaña del Estado panameño" dirigida de forma específica contra PPC y su contrato de concesión, y tras un año marcado por una sucesión de decisiones "abruptas" que habrían desembocado en "daños graves y daños adicionales" para la empresa.
El caso se sustenta en el supuesto incumplimiento del 'contrato-ley' suscrito entre PPC y el Estado panameño durante casi tres décadas. Como compensación, la firma reclama una indemnización "amplia" basada en un análisis de información financiera relevante y que esté sometida a una resolución ágil.
El operador portuario subraya sus "extensos esfuerzos" en los últimos doce meses para dialogar y evitar un choque con las autoridades de Panamá. "En cambio, a lo largo del año pasado, desde el inicio del presente año e incluso en los días recientes, el Estado panameño ha rutinariamente desestimado las comunicaciones, esfuerzos de consulta y solicitudes de claridad", ha señalado la compañía.
A pesar de las fricciones y del inicio del arbitraje internacional, PPC "reitera enérgicamente su invitación al Estado panameño para proporcionar claridad y consultas para resolver este asunto" y se muestra abierta a encontrar una salida negociada.
Hace alrededor de una semana, el Supremo panameño declaró inconstitucional el contrato que otorgaba a PPC la explotación de dos puertos próximos al Canal de Panamá. El acuerdo, firmado en 1997 y posteriormente prorrogado, había sido objeto en los últimos meses de críticas por parte del entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por el peso de China en esta infraestructura estratégica.
Reacción del Gobierno chino al fallo del Supremo panameño
La Oficina de Asuntos de Hong Kong y Macao del Consejo de Estado de China ha reaccionado con dureza al dictamen judicial, al afirmar que "el fallo es jurídicamente absurdo, lógicamente defectuoso y absolutamente ridículo".
"El hecho de que Panamá haya declarado inconstitucional el contrato significa que puede declarar inconstitucionales, de igual manera, otros contratos de concesión aprobados en cualquier momento en el futuro", criticaron en su cuenta de WeChat, alertando del precedente que, a su juicio, sienta la sentencia.
Tras la decisión del Tribunal Supremo de Panamá, Pekín insiste en que está "firmemente comprometido" con la protección de los derechos e intereses legítimos de sus compañías "y nunca se quedará de brazos cruzados ante la intimidación hegemónica" hacia las empresas chinas en el exterior.