El grupo portuario de Hong Kong CK Hutchison, mediante su filial panameña Panama Ports Company (PPC), ha iniciado un procedimiento de arbitraje internacional contra el Estado de Panamá, en el que exige al menos 2.000 millones de dólares (1.723 millones de euros) en concepto de "daños y perjuicios" por la "adquisición ilegal por parte del Estado" de los puertos de Balboa y Cristóbal, situados en el Canal de Panamá.
La compañía ha registrado esta reclamación siguiendo las reglas de la Cámara de Comercio Internacional, al considerar que las autoridades panameñas han tergiversado el contenido del conflicto en sus manifestaciones a los medios de comunicación, de acuerdo con un comunicado difundido por la empresa.
Además, PPC ha cuestionado la aplicación por parte del Ejecutivo panameño del decreto que, según detalla, permitió la incautación de sus bienes y de documentación que considera protegida. La sociedad ha exigido la restitución inmediata de los materiales que, a su juicio, fueron confiscados de manera irregular.
Paralelamente, CK Hutchison ha ampliado una notificación previa de controversia presentada al amparo de un tratado bilateral de inversión, en la que denuncia falta de transparencia y ausencia de consultas previas antes de que el Estado tomara el control de las terminales.
PPC y CK Hutchison han reiterado que "no cederán y no buscarán un alivio simbólico, sino que harán valer todos sus derechos y reclamarán los daños y perjuicios que les corresponden debido a las violaciones radicales y la conducta antiinversora del Estado panameño".
La Autoridad Marítima de Panamá asumió el control de los puertos de Balboa y Cristóbal hace dos semanas, tras hacerse efectivo el fallo de la Corte Suprema que dejó sin efecto la concesión otorgada a Panama Ports Company para su explotación. Durante un periodo de transición de hasta 18 meses, las instalaciones serán operadas por Maersk y MSC.