La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha abierto un expediente calificado como muy grave contra la central nuclear de Almaraz por un presunto incumplimiento reiterado de sus obligaciones de disponibilidad en el sistema eléctrico. La decisión sitúa a la instalación en el foco del regulador en el marco de la investigación sobre el apagón del 28 de abril de 2025.
El expediente abierto a Almaraz implica, en caso de confirmarse las infracciones, sanciones que podrían alcanzar los 60 millones de euros, según el régimen sancionador del sector eléctrico.
Endesa, la más afectada por los nuevos expedientes
En paralelo, la CNMC ha incoado 15 nuevos procedimientos sancionadores contra varias compañías energéticas, entre ellas Endesa Generación, TotalEnergies Clientes, Engie Cartagena, ContourGlobal La Rioja y la Asociación Nuclear Ascó-Vandellós II.
Endesa es la empresa más afectada por esta nueva tanda de expedientes, con once procedimientos abiertos, todos ellos vinculados a presuntas infracciones del artículo 65.8 de la Ley del Sector Eléctrico.
También se ha abierto un expediente a TotalEnergies Clientes, otro a Engie Cartagena, otro a ContourGlobal La Rioja y uno a la asociación ANAV, en este caso por posibles prácticas relacionadas con ofertas o comportamientos en el mercado eléctrico.
Una investigación que se amplía más allá del apagón
La CNMC ha subrayado que estas actuaciones no se limitan al día del apagón, sino que incluyen posibles irregularidades detectadas en otros periodos, en el marco de un análisis más amplio del funcionamiento del sistema eléctrico.
Según la información del expediente, se estarían investigando incluso parámetros operativos entre 2023 y 2025, aunque algunas instalaciones afectadas habrían estado en mantenimiento durante parte de ese periodo.
El regulador insiste en que la apertura de expedientes no implica la atribución de responsabilidad directa ni determina el origen del apagón, que continúa considerado como un incidente de naturaleza multifactorial.
Los procedimientos ahora iniciados tendrán una duración estimada de entre nueve y dieciocho meses, durante los cuales las empresas podrán presentar alegaciones y pruebas en su defensa.