La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha expresado su descontento en un reciente informe sobre varios aspectos de la nueva legislación de Correos, señalando su falta de participación en la consulta de dicha normativa, como lo manda la ley.
Presidida por Cani Fernández, quien fue asesora en el Gabinete de Presidencia de Pedro Sánchez en 2020, la CNMC ha señalado en su documento que no se ha proporcionado justificación para diversas decisiones tomadas en las recientes modificaciones a la ley postal, las cuales serán implementadas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible.
El 18 de junio se aprobó una reforma del régimen económico y fiscal canario, que incluyó una enmienda para cambiar la ley postal y otorgar nuevas facultades a Correos, permitiéndole superar sus dificultades económicas. Esta reforma contó con el apoyo de PSOE, PP, PNV y Coalición Canaria, mientras que VOX y Bildu se abstuvieron y Sumar votó en contra, argumentando que este ‘rescate’ debería financiarse con impuestos a la banca y no con fondos públicos.
La legislación amplió hasta el 31 de diciembre de 2030 el nombramiento de Correos como proveedor del servicio postal universal (SPU), e incluyó servicios financieros básicos, acceso a administraciones públicas, servicios de emergencia y comunicaciones postales en zonas rurales entre las obligaciones de Correos. Además, designó a la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) para calcular la compensación a Correos por estos servicios, diferenciando los ámbitos rural y urbano en el servicio universal.
«SIN JUSTIFICACIÓN», la CNMC reprocha que la ley no justifica adecuadamente la implementación de los nuevos servicios, la designación directa de un operador específico para su prestación y la prolongación del mandato de Correos como SPU. Además, la CNMC lamenta que no se le haya asignado continuar supervisando los servicios postales, sino que se otorgue esa función a otras entidades que no gozan de su independencia, excepto en el ámbito urbano del actual SPU. También advierte que los cambios en la metodología para calcular el costo neto del SPU y la creación de nuevos servicios postales resultarán en un notable aumento de la compensación por la prestación de estos servicios.