QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha analizado la propuesta de convenio entre administraciones públicas y sistemas de responsabilidad ampliada del productor (SCRAPs) en materia de envases domésticos y ha recomendado consensuar a nivel nacional el modelo de gestión de los redisuos de envases que se aplicaría a todas ellas, así como evitar la opción mixta que, según ha avisado, «introduce gran complejidad».
Así se ha expresado con motivo de la solicitud de informe emitida por la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), que tuvo entrada en la CNMC el pasado 29 de mayo y que consta de un borrador de convenio y dos escritos de ECOTIC envases y PROCIRCULAR.
Las empresas que producen bienes envasados –ya sea en vidrio, plástico, briks, latas, etc.– deben financiar la recogida y el tratamiento de esos residuos. Lo hacen a través de SCRAPs, que firman los convenios y pagan a los Ayuntamientos u otras entidades locales, que son los que habitualmente se encargan de organizar la recogida de basuras en las localidades.
Hasta 2024, las dos únicas organizaciones (SCRAPs) de gestión de residuos de envases domésticos activas han sido Ecoembes –para envases ligeros y papel-cartón– y Ecovidrio –para envases de vidrio. En el marco de esta consulta, la CNMC ha pedido además utilizar la cuota de mercado como criterio para asignar responsabilidades, así como asignar a un ente público independiente de los SCRAPs a su cálculo.
Más allá de ello, ha abogado por la neutralidad competitiva en la negociación de los convenios y ha señalado que es preferible la firma del convenio con todos los SCRAPs operativos. En este sentido, también ha recomendado garantizar el acceso de todos los SCRAPs a elementos esenciales –especialmente a la plataforma de facturación– en condiciones justas, razonables y no discriminatorias. Asimismo, ha insistido en la necesidad de establecer un organismo de coordinación y supervisión independiente para prevenir conflictos entre SCRAPs, resolverlos y asesorarles en la coordinación que puedan tener entre ellos.
A juicio de la CNMC, el texto del convenio tendría que establecer alternativas –por ejemplo, el arbitraje– si no hay acuerdo entre los SCRAPs para elegir a sus representantes en la Comisión de Seguimiento. A su vez, debería definir en la medida de lo posible, las situaciones en las que podría optarse por una mayoría cualificada en la comisión, en lugar de por consenso. Por último, tendría que fijar qué institución actuará como experto independiente para acudir al arbitraje en caso de desacuerdo.
De manera más general, el organismo estatal ha pedido concretar la coordinación entre los participantes en la gestión de residuos de envases dadas sus características, en referencia a la histórica situación de monopolio, a la relevancia para el medioambiente y a la salud pública, así como a la existencia de barreras de entrada. A su vez, ha incidido en la necesidad de desarrollar aspectos esenciales del convenio, como el método para asignar costes y responsabilidades entre SCRAPs, la forma de facturación y los mecanismos de coordinación.
