La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) ha solicitado modificaciones en la legislación sobre denominaciones e indicaciones geográficas protegidas para asegurar la competitividad en el mercado, según se desprende de dos informes sobre los proyectos de Real Decreto que implementan la normativa europea en esta materia.
La CNMC ha destacado que España se encuentra en la tercera posición dentro de la Unión Europea en cuanto a la cantidad de denominaciones e indicaciones protegidas, alcanzando un total de 388. Estos esquemas, que comprenden las denominaciones de origen protegidas (DOP), indicaciones geográficas protegidas (IGP) y especialidades tradicionales garantizadas (ETG), son esenciales para identificar productos con cualidades únicas vinculadas a su origen geográfico o métodos de producción tradicionales, aumentando la transparencia del mercado y fortaleciendo la competitividad de las pymes, en especial en áreas rurales.
En sus análisis, la CNMC ha recomendado que, antes de establecer normativas obligatorias, se debería solicitar un informe a Competencia para evaluar el impacto y asegurar que no generen distorsiones en la competencia. Además, ha subrayado que las medidas deben estar “justificadas, tener una duración limitada, definir claramente a los sujetos obligados y evitar el intercambio de información comercialmente sensible”.
Se aconseja mantener el modelo actual de delegación del control oficial con una “competencia abierta y transparente” entre diversos organismos certificadores y personas cualificadas, y se propone “eliminar la exclusividad” de los consejos reguladores en tareas de verificación. También se sugiere aclarar quiénes pueden participar y mejorar los criterios sobre la protección nacional transitoria mientras se aguarda la resolución de la Comisión Europea, y se recomienda que los pliegos sean revisados por la autoridad de competencia para evitar restricciones competitivas indebidas.
Finalmente, la CNMC propone modificar el diseño de las normativas para que se asemejen más a una declaración responsable, reduciendo así las cargas administrativas innecesarias y acelerando los tiempos de comercialización.