Colectivos sociales llaman a concentrarse ante el Congreso contra la derogación del escudo social

Colectivos sociales se concentrarán ante el Congreso para exigir un nuevo decreto que mantenga el escudo social y la moratoria antidesahucios.

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El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados Eduardo Parra - Europa Press

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, durante una sesión plenaria extraordinaria en el Congreso de los Diputados Eduardo Parra - Europa Press

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La plataforma #NiUnDesahucioMás, que reúne a más de un centenar de organizaciones de todo el país, ha convocado para este miércoles una concentración frente al Congreso de los Diputados, después de que la Cámara Baja rechazara la prórroga del escudo social y de la moratoria antidesahucios.

El Pleno del Congreso, con los votos de PP, Vox y Junts, ha tumbado el decreto ley del denominado 'escudo social', que contemplaba la revalorización de las pensiones y el veto a los desahucios y a los cortes de suministros básicos de agua y luz para personas en situación de vulnerabilidad.

La protesta está prevista a partir de las 18.30 horas en la Plaza de las Cortes, frente a la sede del Congreso en Madrid, y contará con una movilización paralela en Barcelona. En ambas convocatorias se exigirá al Gobierno la aprobación y negociación de un nuevo decreto ley “que evite la inseguridad jurídica a las familias”.

Las entidades convocantes reclaman medidas “urgentes” para restablecer la moratoria de desahucios y para imponer la prórroga obligatoria de más de 600.000 contratos de alquiler que se calcula que vencen este año “y que, como consecuencia de la actual crisis de vivienda, derivarán en más lanzamientos”.

La iniciativa parte de la plataforma #NiUnDesahucioMás, que integra a más de un centenar de colectivos de ámbito estatal, entre ellos la Confederación Estatal de Asociaciones Vecinales (CEAV), de la que forma parte la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), así como CC.OO. y Amnistia Internacional Madrid, entre otros.

Desde la FRAVM han señalado que, aunque la moratoria requería “mejoras notables para ampliar su cobertura”, “era la única medida que había demostrado su efectividad” para frenar los desalojos de familias vulnerables sin alternativa habitacional.

En un comunicado, han incidido en que la moratoria de desahucios “mantiene paralizados unos 70.000 desalojos de personas en situación de vulnerabilidad”. “La medida, incluida dentro del escudo social, había conseguido detener uno de cada cuatro desahucios desde su puesta en marcha en 2020”, han remarcado.

Por este motivo, han denunciado “la enorme irresponsabilidad” de dejar decaer el decreto, “causando inseguridad e incertidumbre a las familias”.

La federación ha reprochado la posición de los grupos parlamentarios que han votado en contra y, “en especial a Junts”, recordándole el “especial contexto catalán en el que se reactivarán más de 13.000 procesos de desahucio”.

Las críticas se extienden también al Gobierno, al que señalan como “actor indispensable” en el fracaso del decreto ley “al no conseguir los consensos para sacar adelante la norma y no haber propuesto ninguna medida estructural y permanente que garantice el derecho a la vivienda”.

En este escenario, los convocantes instan al Ejecutivo a aprobar un nuevo decreto ley “que dé cobertura jurídica clara a todos los lanzamientos, ampliando la protección a las familias vulnerables”. “Además, el Ejecutivo tiene que trabajar con los apoyos necesarios para sacar adelante esta medida con garantías”, han añadido.

Una vez convalidada esa nueva norma, la plataforma plantea que el Gobierno y los grupos parlamentarios negocien un plan de actuación “urgente” que garantice el mantenimiento en la vivienda o un realojo digno.

Ese plan, subrayan, debe apoyarse en la movilización de recursos del Plan Estatal de Vivienda (actualmente en tramitación), en el uso del tanteo y retracto para incorporar viviendas privadas “en manos de grandes tenedores” y en la cesión de inmuebles de la Sareb, “especialmente ante el anuncio de la venta inminente de grandes carteras de viviendas por parte de los fondos de inversión”.