Un comité “ad hoc del” Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) ha desestimado este miércoles el recurso con el que el Estado colombiano buscaba frenar el desembolso de más de 500 millones de dólares (427,1 millones de euros) a favor de Telefónica, derivado de un conflicto que se remonta a 1994.
La decisión se ha adoptado por un motivo estrictamente técnico: Colombia no aportó la garantía financiera exigida para asegurar el pago en caso de que la solicitud de nulidad fuese rechazada. Conforme a las normas del procedimiento, el país debía constituir una póliza en un plazo máximo de 30 días y no lo hizo.
Telefónica ya había obtenido en noviembre de 2024 un laudo favorable por 379,8 millones de dólares (324,4 millones de euros), más intereses compuestos del 5% en concepto de indemnización. Tras este último pronunciamiento, Colombia queda obligada a abonar el principal reconocido, los intereses acumulados y las costas del proceso.
El arbitraje internacional se puso en marcha en 2018 con la conformación de un tribunal de tres árbitros, después de que Telefónica activara el mecanismo contra Colombia al considerar vulnerados sus derechos como inversor extranjero.
La multinacional española sostuvo que el país sudamericano “incumplió con su obligación de otorgar un trato justo y equitativo a las inversiones” realizadas en su territorio, y reclamó la reparación de los perjuicios derivados de varias decisiones estatales que impactaron en sus participaciones en la filial Colombia Telecomunicaciones.
El origen del conflicto está en la aplicación por parte del Estado de distintas medidas encaminadas a obtener la reversión de activos vinculados al negocio de telecomunicaciones de Telefónica en Colombia. Como resultado de estas actuaciones, la compañía se vio obligada a pagar 379,8 millones de dólares en 2017.