Colombia responde a Ecuador con un arancel del 30% al arroz importado

Colombia impone un arancel del 30% y bloquea por tierra el arroz ecuatoriano en plena escalada de la disputa comercial con el Gobierno de Daniel Noboa.

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El presidente de Colombia, Gustavo Petro. PRESIDENCIA DE COLOMBVIA/JUAN DIEGO CANO

El presidente de Colombia, Gustavo Petro. PRESIDENCIA DE COLOMBVIA/JUAN DIEGO CANO

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Colombia ha decidido aplicar un arancel del 30% al arroz que llega desde Ecuador, en un nuevo episodio de la guerra comercial que mantienen ambos países desde que el Gobierno de Daniel Noboa estableció “una tasa de seguridad” del 30% a los productos colombianos, alegando “la falta de reciprocidad y acciones firmes” de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico.

Además, el Ejecutivo de Gustavo Petro ha ordenado el cierre total del paso de arroz ecuatoriano por carretera, una medida anunciada por el ministerio de Agricultura de Colombia a través de un comunicado oficial.

Según el ministerio, esta decisión se adopta “en reciprocidad por las medidas arancelarias unilaterales adoptadas por el Gobierno de Ecuador” y ha sido acordada con organizaciones de productores arroceros de diversas zonas del país, dentro del plan de choque presentado semanas atrás para proteger al sector.

En este contexto, el ministerio de Agricultura tiene previsto convocar esta semana un Consejo Nacional del Arroz, con el objetivo de recoger propuestas y análisis conjuntos que permitan encarar la actual situación del sector arrocero colombiano.

En el mismo decreto, la cartera de Agricultura ha instado a los agricultores de arroz del país “a no permitir que la actual coyuntura sea utilizada con fines ajenos al interés del sector, ni que sus legítimas preocupaciones sean instrumentalizadas por actores con motivaciones político-electorales”.

La respuesta colombiana se produce después de que Quito resolviera elevar en más de un 900% la tarifa de transporte del crudo colombiano por el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), pasando de 2,5 dólares por barril a más de 30 dólares por barril para los usuarios extranjeros, una decisión que el Gobierno de Colombia ha calificado de “desproporcionada”.