El ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, ha manifestado su rechazo frontal a la decisión del Gobierno de Ecuador de elevar en más de un 900% la tarifa por el transporte de petróleo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE). El coste ha pasado de 2,5 dólares por barril a más de 30 dólares por barril para los usuarios extranjeros, una medida que el Ejecutivo colombiano considera “desproporcionada”.
“Esta decisión del Gobierno ecuatoriano es una nueva agresión al pueblo. Ahora elevan unilateral y arbitrariamente el precio del transporte de crudo por uno de sus oleoductos violando, nuevamente, compromisos previamente adquiridos, como el acuerdo del 13 de febrero de 2011. Afectando principalmente a pequeños productores de crudo”, afirmó Palma en un comunicado.
El fuerte incremento en el coste del transporte del crudo colombiano llega en un momento de descenso del precio internacional del petróleo, lo que, según el Ministerio, reduce “sustancialmente” los márgenes de rentabilidad y expone a las compañías a “pérdidas significativas, cierres operativos y suspensión de producción, con impactos directos sobre el empleo y la economía regional”.
El Gobierno de Colombia sostiene que la decisión de Quito “desconoce el espíritu del acuerdo binacional” orientado a facilitar y promover el transporte y la exportación de hidrocarburos entre los países de la Comunidad Andina.
“Propusimos diálogo, pero nos responden con agresiones, basadas en excusas. Estábamos a punto de iniciar conversaciones y las cancelaron para volver a agredir. Confiamos en que la diplomacia y el diálogo franco sirvan para retornar a la normalidad en beneficio de nuestros pueblos”, agregó el titular de Minas y Energía colombiano.
Las autoridades ecuatorianas aplicaron este incremento del 900% en la tarifa de transporte del crudo colombiano como respuesta a la decisión de Bogotá de suspender la venta de energía eléctrica hacia Ecuador. A su vez, Colombia adoptó esa suspensión tras la imposición por parte de Quito de una “tasa de seguridad” del 30% a las importaciones procedentes de Colombia, alegando la ausencia de “acciones firmes” para combatir el narcotráfico.