Colombia avanza en la elaboración de una nueva normativa que permitirá traspasar 25 billones de pesos colombianos (5.732 millones de euros) en ahorros de pensiones privadas al sistema público de jubilación, Colpensiones.
Durante la madrugada de este martes, el Gobierno de Gustavo Petro difundió un proyecto de decreto que impondrá a los gestores de fondos de pensiones la obligación de enviar a Colpensiones los ahorros de determinados trabajadores que pidieron cambiarse al sistema público, en aplicación de una ley de reforma aprobada en 2024.
El borrador establece que las administradoras de fondos de pensiones dispondrán de un máximo de 15 días hábiles para efectuar las transferencias una vez que la nueva normativa sea publicada de forma oficial.
En el sistema colombiano, la mayoría de los recursos de los trabajadores próximos a la jubilación se colocan en carteras de bajo riesgo, invertidas principalmente en bonos del Estado, conocidos como TES.
La Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantía (Asofondos) alertó en un comunicado de que el Ejecutivo "podría utilizar los ahorros pensionales en una forma que no está prevista en la ley aprobada por el Congreso de la República".
Frente a las objeciones de la patronal, Petro recordó que los traslados de cotizantes desde fondos privados hacia Colpensiones se realizan desde antes de su llegada a la Presidencia en 2022. "La consecuencia en el tiempo de no aplicar la ley aprobada por el Congreso es que los fondos privados quebrarán por sí mismos", escribió en su cuenta de 'X'.
La reforma del sistema de pensiones permanece suspendida y bajo examen del Tribunal Constitucional, aunque los movimientos de trabajadores entre los regímenes privado y público seguirán permitidos hasta mediados de 2026. No obstante, el traspaso del stock acumulado de ahorros también se encuentra paralizado.
Al mismo tiempo, el Ejecutivo ha comunicado la creación de un impuesto sobre el patrimonio del 0,5% para las compañías con un capital superior a 10.500 millones de pesos (2,4 millones de euros), con el objetivo de afrontar la emergencia económica generada por las intensas lluvias e inundaciones que afectan a la costa colombiana.
En el caso de las empresas del sector financiero y de los combustibles fósiles, el tipo impositivo se elevará hasta el 1,6%.