La Comisión Europea ha puesto en marcha un nuevo plazo límite para que el Gobierno español rectifique las anomalías que llevaron a la extensión de las concesiones de los peajes en las autopistas AP-66 y AP-9, las cuales, según Bruselas, infringen las normativas de la UE en cuanto a contratación pública y concesión de autopistas. De no atenderse esta situación en dos meses, los servicios comunitarios podrían llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE).
Directivas de la UE en juego
Bruselas «insta a España a respetar las normas sobre contratos de concesión de autopistas», comunicó la institución al notificar sobre el envío de un dictamen motivado a las autoridades españolas, como parte del proceso sancionador iniciado por estas infracciones.
Las concesiones de las autopistas AP-9 y AP-66 se extendieron por 25 y 29 años respectivamente, y posteriormente, ambas concesionarias fueron vendidas «sin convocar procedimientos de licitación previos ni publicar un aviso» en el Diario Oficial de la UE, tal como lo exige la normativa comunitaria, explicó el Ejecutivo comunitario.
Por esta razón, Bruselas considera que estas prórrogas representan «modificaciones sustanciales» que son «equivalentes» a la adjudicación de nuevos contratos de concesión y, por ende, deben ser sometidas a un «procedimiento de licitación competitivo» conforme a los principios de igualdad de trato y transparencia que las directivas correspondientes dictan.
Con este marco, los servicios comunitarios otorgan un plazo de dos meses al Gobierno para que aborde las preocupaciones planteadas en el dictamen de Bruselas y «tome las medidas necesarias» para enmendar las irregularidades detectadas.
En caso de no encontrar una resolución, el Ejecutivo comunitario señala que podría proceder a la tercera fase de los procedimientos de infracción, lo que implica llevar al Estado miembro a juicio ante el Tribunal de Justicia de la UE por no cumplir con la legislación comunitaria.