La Comisión Europea ha establecido un plazo de dos meses para que España incorpore a su marco legal una directiva que modifica los criterios de tamaño empresarial en respuesta a la inflación y otra que establece cómo calcular los colchones de capital en los bancos frente a riesgos de mercado.
El Gobierno español tiene ahora un plazo de dos meses para dar respuesta a estas notificaciones de emplazamiento, pero si las explicaciones no convencen a la Comisión, esta podría llevar el asunto ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) y establecer multas.
Ajustes Requeridos en las Directivas Empresariales y Financieras
En relación con la directiva sobre el tamaño de las empresas, la Comisión ha urgido a España, Malta, Portugal y República Checa a asegurar la transposición de las medidas que incrementan los criterios monetarios para clasificar a las empresas, ajustándolos al impacto de la inflación desde 2013. Esto previene que las microempresas y pymes estén sujetas a requisitos de información financiera y de sostenibilidad destinados a entidades de mayor envergadura, crucial para seguir aliviando la carga administrativa.
Además, la Comisión ha solicitado a varios países, incluyendo Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, España, Estonia, Italia, Polonia y Suecia, que integren completamente en su legislación la directiva que aplica proporcionalidad en el mantenimiento del colchón de deuda por parte de bancos y empresas de inversión para absorber pérdidas. Esta norma introduce el concepto de ‘entidades de liquidación’ y dicta que generalmente no deben sujetarse a mínimos de capital salvo decisión contraria de la autoridad de resolución en casos específicos.
La Comisión ha enfatizado que la aplicación completa de estas directivas es esencial para mejorar la capacidad de las entidades bancarias para manejar resoluciones y mantener la equidad entre diferentes grupos bancarios.