La Comisión Europea ha iniciado el procedimiento de infracción contra España a raíz de la imposición de una multa de 179 millones de euros a varias aerolíneas, incluidas Ryanair, Vueling, Easyjet, Norwegian y Volotea, por cobrar extra por el equipaje de mano y la reserva de asientos contiguos para acompañar a personas que requieren asistencia. Esta sanción fue impulsada por el Gobierno hace apenas un año.
Desde Bruselas se considera que la normativa de navegación aérea de España podría estar limitando la capacidad de las aerolíneas para establecer sus tarifas. En consecuencia, las autoridades españolas han recibido un plazo de dos meses para abordar y responder a las preocupaciones expresadas por los entes reguladores europeos.
El inicio del expediente disciplinario se ha formalizado a través de una “carta motivada”, que abre un periodo de diálogo de dos meses entre Bruselas y Madrid para intentar solventar las discrepancias existentes.
Si las negociaciones no fructifican, la Comisión Europea podría avanzar a la segunda fase del procedimiento, que incluye el envío de un “dictamen motivado” y establecer un nuevo periodo para el diálogo. De no llegar a un acuerdo, la etapa final del proceso sería llevar el caso ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
La respuesta de Bustinduy
En el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que dirige Pablo Bustinduy, sostienen que las multas impuestas a estas cinco compañías aéreas de bajo coste por el cobro adicional están fundamentadas legalmente, incluso después del inicio del expediente.
Las penalizaciones, anunciadas en noviembre del año pasado, afectaron a las compañías acusadas de prácticas abusivas como el cobro por maletas de mano o la reserva de asientos adyacentes para pasajeros dependientes, sumando multas por un total de 179 millones de euros.
Moncloa se muestra tranquila después del anuncio y destacan que España enfrenta actualmente 94 expedientes de esta índole, incluido uno sobre la OPA de BBVA a Sabadell, por posibles incumplimientos de la normativa bancaria europea. No obstante, se recalca que «este expediente no altera las sanciones a las cinco aerolíneas», las cuales continúan en proceso y son objeto de apelación judicial, ya que la Comisión Europea «no tiene potestad para decidir sobre la viabilidad de las sanciones o la interpretación de la normativa europea, que es competencia del TJUE».
El departamento de Bustinduy reitera que la base legal de estas sanciones «se ajusta escrupulosamente tanto a la legislación española como la jurisdicción europea».