Este lunes, la Comisión Europea ha decidido retener aproximadamente 1000 millones de euros correspondientes al quinto segmento del plan de recuperación y resiliencia de España, que en total incluye 23.900 millones de euros, divididos en 8000 millones en subvenciones y 16000 millones en préstamos. La razón detrás de esta decisión es el incumplimiento por parte del Gobierno español de dos compromisos esenciales: el incremento fiscal al diésel y la mejora en la digitalización de las administraciones regionales y locales.
Según han informado fuentes del Ministerio a Europa Press, estos más de 1000 millones de euros permanecerán ‘en suspenso’ hasta que se ejecuten dichos compromisos.
El Gobierno español ahora cuenta con un plazo adicional para cumplir con los hitos que aún están pendientes, aunque seguirá recibiendo una parte del pago por aquellos objetivos que sí han sido alcanzados satisfactoriamente.
La condición principal para la liberación de estos fondos era la reforma fiscal, que incluía el aumento del impuesto sobre el diésel, una iniciativa que no logró obtener el respaldo necesario para ser aprobada en el Congreso de los Diputados.
Carlos Cuerpo, ministro de Economía, Comercio y Empresa, admitió en junio que si la evaluación de la Comisión se producía en julio y la subida del impuesto a los hidrocarburos todavía no se había aprobado, el Gobierno procedería a avanzar ‘en paralelo’ en los trabajos para cumplir con los hitos aún no completados, tal como sucedió con el cuarto desembolso.
En una situación anterior, Bruselas congeló 158 millones de euros de los 10000 millones que acompañaban al cuarto pago del plan, tras identificar deficiencias en uno de los objetivos asociados, resultando en un desembolso parcial solamente.
En su última evaluación, la Comisión también ha decidido liberar esos 158 millones, que se añadirán al quinto desembolso tras verificar que este objetivo se ha cumplido correctamente.