La Comunidad Valenciana, Canarias y Galicia reúnen la mayor parte de los 65.122 anuncios irregulares por los que Airbnb ha sido sancionada con 64 millones de euros por el Ministerio de Consumo. Se trata de la segunda mayor multa impuesta por este departamento, al considerar que la plataforma incurrió en prácticas comerciales desleales al publicitar alojamientos sin licencia o con números de registro falsos.
Según los datos a los que ha tenido acceso Europa Press, aproximadamente uno de cada tres anuncios sancionados se ubica en la Comunitat Valenciana, donde se han detectado casi 22.000 páginas sin número de registro. Canarias, con 12.486 anuncios, y Galicia, con 6.897, se sitúan a continuación entre las comunidades con más casos.
Las infracciones por ausencia de número de registro se repiten en prácticamente todo el territorio estatal, salvo en Madrid, Andalucía y Extremadura. En estas tres autonomías, la normativa vigente en el periodo analizado no exigía de forma expresa que los anuncios incluyeran dicho número, por lo que el volumen de pisos retirados es muy inferior al del resto y se limita a anuncios con registros falsos.
Todos los anuncios sancionados corresponden a un periodo anterior a la puesta en marcha de la Ventana Única Digital, el sistema que ahora obliga a que todos los anuncios de alojamientos turísticos en España incluyan el número de registro correspondiente.
Sanción histórica a Airbnb por publicidad engañosa
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha impuesto una multa de 64.055.311 euros a Airbnb por la publicación de 65.122 anuncios de viviendas turísticas ilegales en su portal.
Esta sanción, la segunda más elevada en la historia del Ministerio, se basa en una infracción grave por prácticas comerciales desleales. El importe equivale a seis veces el beneficio ilícito que la plataforma habría obtenido gracias a los anuncios objeto del expediente.
Entre las conductas sancionadas figuran la difusión de alojamientos sin el número de registro exigido por las normativas autonómicas (la mayoría de los casos, con 59.229 anuncios retirados), el uso de licencias o registros falsos o incorrectos (5.769 anuncios) y la omisión de información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión, lo que se considera publicidad engañosa.
El reparto territorial de los anuncios retirados evidencia que las comunidades más afectadas se concentran en el arco mediterráneo y en los territorios insulares. La Comunitat Valenciana encabeza la clasificación con 21.938 anuncios ilegales, de los cuales 21.807 carecían de número de registro.
En segundo lugar figura Canarias, con 12.728 anuncios irregulares (12.486 sin registro), seguida de Galicia, con 6.956 anuncios (6.897 sin registro). La sanción por no incluir el número de registro se extiende por todo el Estado, excepto en Madrid, Andalucía y Extremadura, donde la normativa autonómica vigente antes de la Ventana Única Digital no contemplaba esta obligación.
En Andalucía, sin embargo, se concentró el mayor número de infracciones por uso de números de registro falsos, con 3.352 casos, mientras que en Madrid se detectaron 300 anuncios con este mismo tipo de irregularidad.
El Ministerio de Consumo identificó en la ciudad de Madrid hasta 15.200 anuncios de pisos turísticos que vulneraban la normativa municipal, aunque estos no pudieron ser retirados en el marco de este procedimiento al tratarse de una competencia estrictamente local.
Las Islas Baleares también presentan un volumen relevante de irregularidades, con 4.305 anuncios ilícitos (4.289 sin registro). Entre las comunidades que superan el millar de anuncios ilegales destacan Murcia, con 2.709 (2.685 sin registro); Cantabria, con 2.510 (2.486 sin registro); Asturias, con 2.198 (2.136 sin registro); y Cataluña, con 2.258 (803 sin registro).
Asimismo, Castilla y León acumuló 1.583 anuncios ilegales (1.580 sin registro), por delante de Aragón, con 1.369 (1.284 sin registro); Castilla-La Mancha, con 1.261 (1.260 sin registro); y el País Vasco, con 1.127 (1.116 sin registro). Los territorios con menor número de ilícitos sancionados fueron Navarra, con 274 casos (270 sin registro); Madrid, con 300; y La Rioja, con 130.
Origen del conflicto, notificación y respuesta de Airbnb
El enfrentamiento entre Airbnb y el Ministerio de Consumo se remonta a octubre de 2024. "El Ministerio notificó a esta plataforma la existencia de publicidad ilícita relativa a más de 65.000 pisos turísticos", explicó Bustinduy este lunes en una rueda de prensa, pero "ante la inacción [de la compañía], se inició el expediente sancionador en diciembre de 2024". Es decir, la multa se impone por la negativa de la empresa a retirar los anuncios tras ser advertida.
Hasta la fecha, esta sanción se sitúa como la segunda más elevada dirigida a una empresa privada, solo por detrás de los 107 millones de euros impuestos a Ryanair.
Airbnb considera "contraria al marco legal español y europeo" la resolución sancionadora y subraya que la obligación de las plataformas de verificar que los anuncios incluyan el número de registro se incorporó con la nueva normativa, "por lo que no era aplicable cuando se inició esta contienda en 2024, un año antes de la entrada en vigor de las mencionadas obligaciones a plataformas".
"Airbnb tendrá el derecho si lo estima conveniente de recurrir ante la Justicia, pero esta sanción es firme y por tanto la compañía tendrá que pagar esta multa", aseguró el titular de Consumo.