Comunidades del PP rechazan propuesta de condonación de deuda y prometen lucha legal sin confirmar su adhesión

Varias regiones administradas por el PP han expresado este martes su oposición al proyecto de ley orgánica para la condonación parcial de la deuda regional por parte del gobierno central y han anunciado que emprenderán la ‘batalla’ tanto en el ámbito político como en el judicial para impedir que la ley prospere, aunque algunos líderes regionales no han aclarado si esto significa que no participarán en la medida.

La medida, que se ha aprobado hoy en el Consejo de Ministros y ha sido detallada por la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, implicaría que el Estado asuma 83.252 millones de euros de la deuda regional a través del Fondo de Liquidez Autonómico (FLA) y parte de su deuda bancaria, lo que representa un cuarto de la deuda regional de régimen común.

Ante el rechazo inicial de los gobiernos regionales del PP, la ministra ha asegurado que la propuesta no supone ‘ningún agravio con ninguna parte del territorio’ ni tampoco ‘un beneficio’ para Cataluña, y ha anticipado que las mismas regiones gobernadas por el PP que hoy rechazan la condonación eventualmente se sumarán.

Esta propuesta nace de las conversaciones entre ERC y el PSOE para la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en otoño de 2023, en un pacto que incluía el compromiso de los socialistas de impulsar una quita de deuda para Cataluña que también beneficiaría al resto de comunidades autónomas.

A pesar de los intentos de Montero de desmentir un supuesto privilegio para Cataluña, la mayoría de las comunidades lideradas por el PP han rechazado el proyecto, considerándolo una ‘operación política’, una ‘cesión’ a los partidos independentistas y un ‘negocio ruinoso’ para sus ciudadanos.

Asimismo, ha sido Ester Muñoz, portavoz del PP en el Congreso, quien ha establecido desde temprano la negativa del partido a la quita de deuda autonómica, asumiendo que todos los presidentes autonómicos del PP la rechazarán aunque pudiera beneficiarles.

Al revelarse los detalles del plan, algunas regiones como Galicia o Canarias –donde el PP no tiene la presidencia pero forma parte del gobierno, liderado por Fernando Clavijo (Coalición Canaria)–, han anunciado, una ‘batalla’ para evitar que se implemente.

Por su parte, Clavijo ha adelantado que comenzará ‘una batalla jurídica’ y política contra el proyecto, tal como lo ha comunicado también el conselleiro de Presidencia, Justicia y Deportes de la Xunta de Galicia, Diego Calvo, quien ha dejado abierta la posibilidad de un frente judicial al señalar que explorarán ‘todas las medidas’.

‘Lo primero que tenemos que hacer es instrumentar todos los recursos a nuestro alcance para poder revertir esa situación’, ha declarado.