La Confederación Española de Transporte en Autobús (Confebus) ha solicitado al Gobierno que habilite una revisión extraordinaria de los contratos públicos de transporte escolar, interurbano y urbano, ante el fuerte encarecimiento de los combustibles derivado de la guerra con Irán.
La patronal alerta en un comunicado de que, si no se actualizan las condiciones económicas de estos contratos, la viabilidad de cientos de empresas concesionarias quedará “en el aire” pese a su historial de compromiso con el servicio público.
Confebus destaca que el conflicto iniciado el 28 de febrero ha impulsado el precio del crudo por encima de los 100 dólares por barril en numerosas ocasiones y ha encarecido el gasóleo en torno a 40 céntimos por litro en España, hasta situarlo en una media superior a 1,80 euros, mientras que el gas natural ronda los 44 euros por MWh tras subir más de un 30%.
En este escenario, el combustible ha pasado de suponer entre el 25% y el 35% de los costes de explotación habituales a acercarse al 40%, a lo que se añaden incrementos en otras partidas como lubricantes o neumáticos.
La organización considera “insuficiente” la bonificación general de 20 céntimos por litro y la ayuda de 975 euros para vehículos de gas, y denuncia que los autobuses eléctricos han quedado excluidos de estas medidas.
Por ello, insiste en que la revisión excepcional de los contratos públicos es una actuación “imprescindible” para evitar que la inflación y la crisis energética se trasladen de forma insostenible a las empresas del sector.
El comunicado recuerda que el episodio inflacionario reflejado en el IPC de marzo, muy condicionado por la energía, repercute tanto en las familias como en las compañías de transporte, que “no pueden asumir en solitario” el impacto del aumento de costes. Confebus reclama medidas “urgentes y extraordinarias” y señala, entre ellas, la necesidad de poner fin a los efectos “indeseados” de la Ley de Desindexación, que limita la actualización de precios en los contratos con la Administración.