El Pleno del Congreso ha ratificado este martes el Real Decreto-ley que asigna, para este año, un total de 147.412 millones de euros a las comunidades autónomas bajo el concepto de entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica, lo que representa un incremento del 9,5% en comparación con 2024.
El Consejo de Ministros había dado su visto bueno en junio a la actualización de las entregas a cuenta y ahora, en este Pleno ‘escoba’, el Congreso ha aceptado con el respaldo del PP, la coalición gobernante y sus socios, excepto Junts que, junto con Vox, ha votado en contra.
El sistema de financiación autonómica funciona a través de unas entregas a cuenta de los ingresos tributarios proyectados que se recibirán durante el año fiscal por conceptos como el IRPF (la tarifa autonómica), IVA e Impuestos Especiales, adelantados por el Estado central.
TRAS SER AVALADO POR EL CPFF
En el Consejo de Política Fiscal y Financiera, realizado en julio del año pasado, el Ministerio de Hacienda ya había adelantado que las entregas a cuenta para las comunidades autónomas ascenderían a estos 147.412 millones de euros. Estos fondos formaron parte del decreto ‘ónmibus’, aprobado por el Gobierno a finales de 2024, que no prosperó en el Congreso por el rechazo de PP, Vox y Junts.
Tras este revés, el Gobierno promulgó un nuevo decreto ‘ómnibus’ que incluyó medidas como la revalorización de pensiones y ayudas al transporte, pero excluyó las entregas a cuenta. Ahora, el Congreso ha aprobado estos más de 147.000 millones de entregas a cuenta para las comunidades autónomas. Además, se sumará la liquidación de 2023, que es la diferencia entre la estimación de ingresos y los ingresos reales al final del ciclo contable, alcanzando 11.692 millones de euros.
Por lo tanto, las Comunidades Autónomas recibirán este año un financiamiento total de 158.167 millones, el más alto de la historia, con un aumento del 2,5% respecto al año anterior. El Real Decreto-ley aprobado también actualiza las entregas a cuenta para los ayuntamientos, que recibirán 28.734 millones de euros en 2025, estableciendo un récord.
EN UN CONTEXTO DE PRÓRROGA PRESUPUESTARIA
La actualización de las entregas a cuenta se ha llevado a cabo bajo una prórroga presupuestaria. Así, el Gobierno ha separado la aprobación de los Presupuestos de la actualización de los fondos para las Comunidades Autónomas. De no haberse desvinculado, las Comunidades Autónomas habrían recibido 21.518 millones menos este año, según estima el Ejecutivo.
MONTERO PONE EN VALOR LOS RECURSOS
«El objetivo es garantizar con este decreto ley que se cuenta ya con estos mayores recursos para reforzar justamente la sanidad, la educación, las políticas de vivienda o las políticas que están desarrollando nuestros ayuntamientos», declaró Montero durante el debate en el Congreso. La ministra criticó al PP por haber rechazado a principios de año el decreto ómnibus que actualizaba estas entregas a cuenta: «Es una paradoja en la que se vota en contra de determinadas medidas para inyectar recursos y en paralelo se le reprocha al Gobierno que no dé los recursos que son derechos de estas comunidades».
En medio del escándalo que involucra al exministro Cristóbal Montoro, la actual responsable de Hacienda defendió la actualización de estas entregas a cuenta, subrayando que el Gobierno de Pedro Sánchez actúa de manera diferente a los gobiernos del PP. «Ya sabemos que cuando el PP tiene que elegir entre los intereses generales o los intereses particulares siempre elige los intereses particulares», acusó Montero, quien también destacó el cambio que ha representado la administración de Sánchez, ya que «durante la etapa anterior, las comunidades recibían préstamos».
EL PP JUSTIFICA SU ‘SÍ’
Por su parte, el diputado del PP Pedro Puy justificó el respaldo de su partido a este decreto porque era una demanda de las comunidades autónomas. Sin embargo, señaló que la presentación de este decreto es un «fracaso» del Gobierno, ya que estas medidas deberían estar incluidas en los Presupuestos Generales del Estado de este año. «Esto es una anomalía democrática y constitucional», criticó el diputado, quien también mencionó el caso de José Luis Ábalos, aún miembro del Congreso, nombrado por el presidente Pedro Sánchez.
DIFERENCIAS ENTRE LOS SOCIOS
En las intervenciones de los grupos, la diputada de Compromís del grupo mixto, Àgueda Micó, reprochó al Gobierno que no avance en la reforma del sistema de financiación autonómica y no active fondos transitorios para comunidades infrafinanciadas como la valenciana. Mientras, el BNG demandó un sistema de financiación específico para Galicia, similar al negociado con Cataluña, y Podemos criticó que el gobierno de Sánchez no haya aprobado un Presupuesto desde 2023.
Desde el PNV se señaló que esta actualización no afecta al sistema financiero de Euskadi, y EH Bildu denunció que los ayuntamientos continúan enfrentando restricciones que limitan su capacidad de acción. La diputada de ERC, Teresa Jordà, celebró este decreto y atribuyó a su partido el impulso de esta medida, mientras que Junts optó por no participar en el debate. Sumar, por su parte, criticó la votación en julio, aunque responsabilizó al PP por su oposición en enero. El PSOE se alineó con Montero y también cuestionó a Montoro. Finalmente, Vox instó a una actualización del sistema de financiación autonómica y local y propuso «simplificar» la estructura del Estado autonómico.