Este jueves, el Pleno del Congreso se prepara para debatir y votar una enmienda de totalidad presentada por Vox con el fin de rechazar y no procesar el proyecto de ley que integra la directiva europea relativa a la cooperación administrativa en materia fiscal de criptoactivos.
El proyecto de ley propuesto por el Gobierno introduce modificaciones en las normativas fiscales referentes a las criptomonedas, buscando potenciar las obligaciones de información por parte de los proveedores de estos activos.
Adicionalmente, el texto legal fortalece el control sobre los criptoactivos ubicados fuera de España y los saldos en criptomonedas. La iniciativa legislativa propone cambios en hasta cuatro normativas españolas, lo que facilitaría a la Agencia Tributaria la potestad de confiscar criptoactivos a deudores.
A pesar de que la ley que incorpora la directiva europea, conocida como ‘DAC8’, es principalmente técnica y persigue un fin específico, Vox sostiene que, al igual que ocurrió con la ley del impuesto mínimo global, el PSOE utilizó su tramitación para introducir ‘una amalgama de enmiendas ajenas a su objeto’ con el objetivo de realizar ‘una auténtica reforma tributaria’.
SOSPECHA QUE EL PSOE QUERRÁ INTRODUCIR ENMIENDAS ‘ESPURIAS’
Desde Vox se recuerda que, en la legislación para aplicar un impuesto del 15% a las multinacionales, el PSOE incluyó regulaciones sobre impuestos a líquidos para cigarrillos electrónicos y otros productos tobacaleros.
Además, Vox señala que el plazo para presentar enmiendas a la ‘DAC8’ finalizó al mismo tiempo que el término del mandato constitucional para presentar en el Congreso los Presupuestos Generales del Estado, los cuales aún no han sido presentados por el Gobierno.
‘El Grupo Parlamentario Vox no será cómplice de este Gobierno corrupto. La tramitación será empleada para introducir de forma espuria enmiendas que ejecuten acuerdos para mantenerlo con vida’, declara el partido en su enmienda de totalidad, según información de Europa Press.
Por los motivos antes mencionados, Vox solicita la devolución de este proyecto de ley al Gobierno, afectando a la Ley General Tributaria en aspectos como prescripción, recaudación, asistencia mutua y obligaciones de información; así como a las leyes de impuestos sobre la renta de las personas físicas, sociedades, la renta de no residentes y sobre el patrimonio, sucesiones y donaciones.