Este miércoles, el Pleno del Congreso ha rechazado una moción presentada por Podemos, que solicitaba al Gobierno expandir las medidas del decreto ley y proporcionar un marco legal más robusto para el embargo de armas a Israel. Esta propuesta incluía prohibir a las empresas que mantienen relaciones comerciales con Israel participar en licitaciones públicas y fortalecer las inspecciones para asegurarse de que se respete el embargo.
La propuesta, que surgió tras una interpelación a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha mostrado divisiones dentro del bloque gubernamental. Mientras Sumar apoyó la iniciativa, el PSOE se posicionó en contra. Otros grupos como Esquerra, Bildu y el BNG también la respaldaron, en contraste con Junts, PNV, CC, el PP, Vox y UPN que votaron en contra.
Podemos proponía que el Congreso urgiera al Gobierno a establecer un “embargo integral de armas a Israel” mediante un real decreto, no solo con un decreto-ley. Esta normativa debería prohibir todas las importaciones o exportaciones de material de defensa y de doble uso, sin excepciones, a diferencia del decreto ley aprobado recientemente en la cámara.
Además, Podemos exigía que se incluyera en el embargo la adquisición de armamento a empresas que, siendo españolas o europeas, son filiales de firmas israelíes y que se prohibiera la participación en cualquier concurso público de empresas que contribuyen “directa o indirectamente al sostenimiento de la economía israelí y el negocio del genocidio”.
La formación liderada por Ione Belarra también proponía una inspección proactiva de todos los barcos con origen o destino en Israel o que formen parte de sus rutas comerciales, y la retención de cualquier carga que contenga material de defensa o de doble uso detectado. Igualmente, sugerían incluir en el embargo el tránsito de material a través de las bases estadounidenses en Rota y Morón, actualmente no afectadas por el embargo existente.
Finalmente, Podemos pedía la ruptura inmediata de las relaciones en varios ámbitos con Israel y la exclusión de este país de competiciones deportivas o artísticas internacionales en las que participe España, o en su defecto, la retirada de España de dichas competiciones si Israel no es expulsado.