QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La decisión sobre una importante reforma legal, que según Junts ha sido acordada con el Gobierno para exigir que las empresas con más de 250 empleados, una facturación superior a 50 millones de euros o que ofrezcan servicios de interés general, dispongan de atención al cliente en todas las lenguas cooficiales, ha sido pospuesta por el Congreso hasta dentro de dos semanas.
Esta reforma se presenta mediante varias enmiendas a la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, las cuales comenzaron a ser examinadas este martes en una sesión de la Comisión de Derechos Sociales. En esta etapa inicial, los diputados de diversos grupos se congregan a puerta cerrada para organizar y empezar a integrar las enmiendas propuestas al texto legislativo.
Fuentes parlamentarias revelaron a Europa Press que ya se ha incorporado un primer conjunto de enmiendas al proyecto de ley, pero se ha decidido aplazar la discusión sobre las lenguas cooficiales para una próxima sesión programada para la semana del ocho de octubre.
EL PSOE SE MANTIENE EN QUE LA MEDIDA NO AFECTA A TODAS LAS CCAA
A pesar de las afirmaciones de Junts sobre el alcance nacional de la medida, tanto el Ministerio de Consumo de Sumar como el PSOE han clarificado que la propuesta se aplicará únicamente en las comunidades autónomas con lengua cooficial reconocida.
La diputada del PSOE y ponente de la norma, Noelia Cobo, expresó que la intención del partido ha sido siempre que la elección de la lengua oficial se limite a las comunidades bilingües, no extendiéndose a todo el territorio nacional. «Por lo tanto, el Grupo Parlamentario Socialista va a seguir en esa línea en la que lleva desde el primer minuto que dice que será en las comunidades autónomas y no en toda España, donde se pueda elegir la lengua oficial que considere el cliente», afirmó Cobo, asegurando que se alcanzará un acuerdo satisfactorio sobre esta cuestión.
