QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Congreso de los Diputados ha vetado la toma en consideración de una proposición de ley registrada por el PP para aplicar beneficios fiscales dirigidos a reducir los costes de producción en el sector agrario, al imponerse los votos contrarios de PSOE, Sumar y el resto de sus aliados de izquierda. La iniciativa sí contó con el respaldo de Junts y UPN, pero la decisión de Vox de abstenerse impidió que la propuesta superase este primer trámite parlamentario.
La proposición planteaba declarar al sector alimentario español como sector estratégico esencial para la economía nacional, articulando para ello un amplio paquete de medidas tributarias. Entre ellas figuraba la aplicación del tipo mínimo de IVA permitido a la energía y a las compras realizadas por los productores para el desarrollo de sus actividades agrícolas, ganaderas o forestales.
Durante el debate, PP y Vox protagonizaron un duro cruce de acusaciones a cuenta de la situación del sector primario y de la agricultura. El partido de Santiago Abascal reclamó a los ‘populares’ dejar “en paz” a los agricultores con las políticas que impulsa desde Bruselas, mientras que la formación de Alberto Núñez Feijóo replicó calificando a Vox de “populista”.
El portavoz del PP en la Comisión de Agricultura, Javier José Folch, utilizó su intervención para arremeter contra Vox, al que definió como “populista” con el sector primario. Folch afeó que el partido de Santiago Abascal dispuso de la ocasión de actuar en favor del campo cuando compartió gobiernos autonómicos con el PP, incluso al frente de consejerías de Agricultura, pero prefirió salir “corriendo” para instalarse “en los sillones de la crítica negativa y populista”.
“A la primera de cambio salieron corriendo, salieron por piernas y abandonaron esos gobiernos, porque les resulta más fácil estar en la oposición, sin responsabilidades de gestión, criticando y haciendo del populismo su única bandera”, ha rematado.
En la réplica, el diputado de Vox Ignacio Hoces censuró al PP que defienda al sector primario mediante una ley en el Congreso mientras, en paralelo, pacta en Bruselas con el PSOE políticas que implican “limitaciones” para las explotaciones agroganaderas y obligaciones medioambientales “que desprecian a los trabajadores españoles”.
“El campo español lo que quiere es que todos ustedes les dejen en paz, porque los productores españoles compiten con reglas imposibles y los productores extranjeros compiten sin reglas”, ha apostillado.
PSOE y socios de izquierda se oponen a la iniciativa
En el turno de fijación de posiciones, la diputada del PSOE Trinidad Carmen Argota adelantó el rechazo de su grupo a la proposición de ley, al considerar que “no añade ningún instrumento útil” a los ya vigentes, “llega tarde, duplica lo existente” y responde más a la voluntad de “hacer ruido” que a la de resolver los problemas reales del campo y de la cadena alimentaria.
El portavoz de Agricultura de Sumar en el Congreso, Toni Valero, subrayó que la propuesta del PP “no aporta certezas ni a agricultores ni a consumidores” y sólo introduce “ideologías de mercado”. Asimismo, criticó que la iniciativa garantice para todos los territorios la disponibilidad hídrica, algo que, a su juicio, supone “engañar a la gente” y poner en riesgo la “seguridad hídrica”.
Por parte de Bildu, Mikel Otero calificó la proposición como una iniciativa “ideológica” que “no vale un pimiento”, mientras que la portavoz de Agricultura de ERC, Teresa Jordá, anunció su voto en contra al entender que es “fallida” al no crear obligaciones, no prever recursos ni modificar instrumentos ya existentes. “Es un marco declarativo”, ha explicado.
La diputada de Podemos Martina Velarde reprochó al PP una postura “contradictoria”, señalando que, mientras presenta una ley para supuestamente proteger al sector primario, en las comunidades donde gobierna impulsa modelos que, según dijo, “están degradando” los territorios, como las macrogranjas hiperintensivas.
PNV detecta elementos “positivos” y Junts critica al Gobierno
Desde el PNV, Joseba Andoni Agirretxea reconoció algunos aspectos “positivos” en el texto, como la creación de mecanismos de alerta temprana, la rebaja del IVA de los insumos o el impulso al acceso de los agricultores al mercado de carbono. No obstante, advirtió de que la proposición presenta un marcado “enfoque centralista” al recurrir al artículo 149.1 de la Constitución “para justificar una planificación económica de alcance estatal”.
El diputado de Junts Isidre Gavín también mostró reservas sobre la propuesta legislativa, a la que tildó de “generalista” y con numerosos aspectos sin concretar. Aun así, aprovechó para cargar contra la alternativa del partido de Alberto Núñez Feijóo, que, según dijo, es un “Gobierno gestoría” limitado a cumplir lo que dicta Europa y un Ministerio de Agricultura que “no arregla nada”.
