El próximo martes, el Consejo de Ministros tiene previsto dar el visto bueno a la conversión de Sepes en Casa 47, la nueva Entidad Estatal de Vivienda anunciada hace un año por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y concebida como garante del artículo 47 de la Constitución, que reconoce el derecho a una vivienda digna y adecuada.
Así lo avanzó la ministra del ramo, Isabel Rodríguez, el pasado jueves durante la presentación oficial de la Entidad Estatal de Vivienda, que asumirá la gestión integral del ciclo de vida de los inmuebles: desde la adquisición y la gestión del suelo hasta la entrega de llaves.
Casa 47, denominada así en alusión directa al artículo 47 de la Carta Magna, se articula en torno a cuatro grandes ejes: planificación, construcción, hacer barrio y atención a la ciudadanía.
Entre las principales medidas, el Ejecutivo pondrá en marcha una oferta pública de 100 millones de euros para comprar más viviendas que Casa 47 destinará al alquiler asequible. Además, los contratos de arrendamiento gestionados por esta Entidad Estatal de Vivienda podrán alcanzar una duración máxima de 75 años: el primer contrato será de 14 años y, a partir de ahí, se contemplan prórrogas automáticas de 7 años “siempre y cuando se mantengan la mayor parte de las condiciones de acceso”.
Durante la presentación de la Entidad, Isabel Rodríguez subrayó que con Casa 47 se pretende edificar con “rigor” y “seriedad”, planificando con antelación dónde se levantará el nuevo parque público “para no repetir los errores del pasado”. Asimismo, recalcó que las viviendas que se promuevan serán de “calidad” y “dignas”, tal y como exige el artículo 47 de la Constitución.
En esta línea, el Gobierno ha incorporado salvaguardas legales para garantizar que todo lo que se construya con recursos públicos a través de la Entidad Estatal de Vivienda permanezca siempre en el ámbito público y no pueda ser objeto de privatización.
Nadie destinará más del 30% de su renta al alquiler
Con el fin de asegurar la asequibilidad, el importe de los alquileres gestionados por Casa 47 se limitará de forma que ningún inquilino tenga que dedicar más del 30% de su salario al pago del arrendamiento.
El Ejecutivo ha diseñado un sistema por el cual el precio del alquiler no se determinará en función del coste de construcción de la vivienda, sino de la capacidad económica de la ciudadanía. De este modo, la renta se calculará tomando como referencia el sueldo medio de cada territorio, con el tope de que nunca supere ese 30% de los ingresos.
No obstante, en zonas donde no exista tensión en los precios del alquiler se aplicarán otros factores de corrección, como limitar el precio de la vivienda para que no rebase el coste actual del mercado de arrendamiento.
Acceso con rentas de entre 1.200 y 4.500 euros mensuales
En el plano económico, uno de los requisitos para optar a estas viviendas en alquiler asequible —además de otros que el Gobierno aún no ha concretado— será contar con ingresos de entre 2 y 7,5 veces el IPREM (entre 1.200 y 4.500 euros al mes). Según los cálculos del Ministerio, esto permitirá que alrededor del 60% de la clase media y trabajadora pueda acceder a estas viviendas.
Para simplificar la tramitación y la adjudicación, en 2026 se pondrá en marcha un portal digital donde se podrán consultar las promociones disponibles y los requisitos específicos de cada una, además de permitir la presentación telemática de solicitudes de vivienda.
La cartera inicial de Casa 47
Casa 47 no arranca “vacía”, señaló Rodríguez el jueves, sino que integrará en su cartera viviendas y suelos del Estado procedentes de distintos ministerios, como Hacienda, Defensa o Interior, junto con las más de 40.000 viviendas y 2.400 suelos —con capacidad para levantar otras 55.000 casas— en manos de la Sareb. A ello se sumará la promoción directa de nueva vivienda por parte de la Entidad Estatal de Vivienda.
En lo que va de año, la entidad ha sacado a licitación la redacción de proyectos para más de 1.600 viviendas repartidas por todo el territorio nacional. Igualmente, ha desbloqueado obras de urbanización en ciudades como Sevilla, Ibiza o Valencia, y en breve lo hará en Málaga y Madrid, pendientes únicamente del visto bueno de los ayuntamientos.
También se aprobará la ayuda por impago del alquiler
Asimismo, según avanzó Isabel Rodríguez, está previsto que este martes el Consejo de Ministros dé luz verde a un sistema de compensación a propietarios en caso de impagos de alquiler en contratos suscritos por jóvenes o familias vulnerables.
Así lo expresó la ministra de Vivienda el pasado martes a su llegada al Pleno del Senado, donde insistió en que esta iniciativa persigue “dar garantías” y frenar discursos que “alimentan el miedo” en torno a la vivienda, aunque no ofreció más detalles sobre el diseño concreto de la ayuda.
Esa misma mañana, el presidente del Gobierno había adelantado que el Ejecutivo aprobaría un real decreto con una dotación “que ayude a los propietarios ante los impagos en caso de arrendamiento a jóvenes o a familias vulnerables”, una medida impulsada a petición de Junts.