El Consejo Superior de los Colegios de Arquitectos de España (Cscae) presentará un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo para proteger la profesión y el interés común tras la reciente ratificación del Real Decreto 659/2025, que altera el método básico para la Certificación Energética de los Edificios (CEE).
En una declaración, los arquitectos argumentaron que pedirán la anulación del Real Decreto debido a que propone un esquema que no se alinea ni se fundamenta en las capacidades y formación profesional necesarias para realizar los CEE, ya que permite que personas «no tienen la cualificación y formación requeridas» emitan certificaciones energéticas de edificaciones finalizadas, y además se fundamenta en áreas de conocimiento completamente ajenas a la Arquitectura y edificación.
Por otro lado, según el Cscae, el Real Decreto reduce la rigurosidad y calidad que deben caracterizar a las certificaciones de eficiencia energética y contradice los requerimientos de las directivas europeas correspondientes.
De hecho, con la implementación de la Directiva (UE) 2024/1275 sobre Eficiencia Energética de Edificios, los CEE se convertirán en la herramienta que incluirá el pasaporte de renovación de los edificios, abarcando aspectos técnicos de planificación, económicos y de ejecución. Además, el Real Decreto presenta una visión de la eficiencia energética claramente «insuficiente e inadecuada», al ignorar la integralidad de los sistemas constructivos y las instalaciones que componen el edificio y sus funciones de seguridad y habitabilidad.
«Garantizar la eficiencia energética de un edificio requiere un análisis exhaustivo y conjunto, basado en un entendimiento integral del edificio, de su ciclo de vida, y de sus componentes activos (instalaciones) y pasivos (envolvente), que constituyen su arquitectura», explicaron los arquitectos.
Además, el Cscae señala que el Real Decreto viola aspectos fundamentales de legalidad, como el principio de reserva de ley, tanto en su faceta formal como material, y se opone a la jurisprudencia más reciente del Tribunal Supremo respecto a las competencias profesionales que emergen de la LOE en relación con la reserva de actividad y, en particular, sobre los informes de evaluación de edificios, que incluyen los certificados de eficiencia energética.
Para los arquitectos, la modificación aprobada distancia a los usuarios del conocimiento necesario sobre su vivienda, algo que consideran «imprescindible» para su mantenimiento y cualquier mejora residencial.
«Ante certificados energéticos deficientes en rigor técnico y los estándares de calidad que demanda la ola de renovación de viviendas promovida por la UE para lograr la descarbonización total del parque edificado para 2050, el Cscae solicitará la nulidad del Real Decreto defendiendo el interés general», concluyeron.