El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha confirmado la sanción de 3,6 millones de euros impuesta a Alquiler Seguro por prácticas “abusivas” contra sus inquilinos, tras desestimar el recurso de alzada presentado por la inmobiliaria, según ha comunicado este miércoles el Departamento que encabeza Pablo Bustinduy.
Tras concluir que Alquiler Seguro vulneró los derechos de las personas consumidoras “aprovechando su posición de predominio de mercado”, Consumo ha dejado la multa en firme, quedando cerrada la vía administrativa.
La resolución firmada por el ministro Bustinduy califica la conducta de Alquiler Seguro como una infracción grave y seis infracciones muy graves, de acuerdo con la información facilitada por el Ministerio.
En particular, Consumo sanciona a la compañía por obligar a los inquilinos a contratar un servicio de atención, considerado como gastos de gestión inmobiliaria y de formalización del contrato; por imponer la suscripción de un seguro de hogar en beneficio de la parte arrendadora; y por cargar comisiones por reclamación de cualquier posición deudora, incluso cuando no fuera responsabilidad del arrendatario, así como por repercutir costes por reclamaciones judiciales aun sin existir condena en costas.
Igualmente, se le multa por introducir en los contratos una cláusula que faculta a la empresa a inscribir al arrendatario en ficheros de morosos en caso de impago de cualquiera de las cantidades recogidas en el contrato, con independencia del motivo del impago y aunque no se trate de deudas vencidas y exigibles, y por eliminar el derecho de desistimiento del arrendatario respecto al contrato del citado servicio de atención al inquilino.
Consumo subraya que la Ley de Vivienda prohíbe de forma expresa repercutir en los inquilinos los gastos de gestión inmobiliaria y de formalización contractual, advirtiendo de que este tipo de cláusulas o prácticas pueden constituir infracciones graves y muy graves, como se ha determinado en el caso de Alquiler Seguro.
De los 3,6 millones de euros de la sanción total, una de las infracciones muy graves supone el pago de un millón de euros y otra asciende a 990.900 euros. A estas se añaden tres multas de 500.000 euros, otra de 100.001 euros y una última, correspondiente a la infracción grave, de 10.001 euros.
La resolución incorpora además dos sanciones accesorias adicionales a la económica: la obligación de que la inmobiliaria corrija los incumplimientos detectados, eliminando las cláusulas abusivas señaladas, y la difusión pública de la multa impuesta, la razón social de la empresa responsable (Alquiler Seguro, S.A.U) y la naturaleza de las infracciones cometidas.
El expediente contra Alquiler Seguro se inició en marzo de 2025 y se abrió otro procedimiento por hechos similares, aún en fase de investigación, después de que la Dirección General de Consumo recibiera denuncias sobre estas prácticas por parte de Facua Consumidores en Acción, el Sindicato de Inquilinas y la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).