El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 sostiene en un informe que la fijación de un límite a las tarifas de los servicios hoteleros y de hospedaje en 14 municipios de Andalucía y Extremadura afectados por la borrasca Leonardo impidió que “se repitiesen situaciones de precios disparados como en otras emergencias”. El documento analiza lo ocurrido entre el 18 y el 25 de febrero.
El departamento que dirige Pablo Bustinduy concluye en su evaluación que, dentro de los rangos de precios observados y de las variaciones propias del fin de semana, no se han detectado indicios de que se haya rebasado el tope de la tarifa máxima autorizado.
La medida se aplicó en los municipios de Grazalema, Jerez de la Frontera, Ubrique y Vejer de la Frontera, en la provincia de Cádiz; Nívar, Montefrío, Pinos Puente y Zagra, en Granada; Cazorla y Santisteban del Puerto, en Jaén; Benaoján y Ronda, en Málaga, y Burguillos del Cerro y Medellín, en Badajoz.
Con esta intervención, el Ejecutivo ha recurrido por primera vez al Real Decreto-ley aprobado el 10 de febrero, que faculta al Gobierno a declarar una situación de emergencia para imponer una limitación temporal de precios y así garantizar un acceso equitativo a bienes y servicios esenciales. La convalidación de esta norma se somete a votación en el Congreso este jueves, 26 de febrero.
En relación con esa votación, el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha remarcado que esta herramienta no favorece a ninguna formación política concreta, pero “sí protege a nuestros vecinos y vecinas cuando, y ojalá no vuelva a ocurrir, llega lo inesperado”.
Con los datos recopilados, el Ministerio subraya que la intervención ha resultado efectiva y que el acceso a servicios básicos de alojamiento no se ha visto condicionado por los algoritmos de las plataformas digitales ante picos repentinos de demanda en áreas con población vulnerable o desalojada.
Asimismo, Consumo destaca que durante esta semana no se ha registrado ninguna reclamación formal ni se han comunicado incidencias por posibles incumplimientos del límite fijado, lo que, a juicio del departamento, “constata lo observado en la vigilancia de mercado y apunta al compromiso de los operadores del sector con la estabilidad de los precios durante el periodo de emergenci”.
Según el Ministerio, la actuación se apoya en antecedentes recientes: “El Gobierno ha actuado basándose en experiencias previas, como las ocurridas tras el accidente de Adamuz, donde se registraron incrementos significativos tanto en servicios de alojamiento como en alternativas de transporte al tren comercializadas a través de canales digitales”, ha señalado en un comunicado.
En la misma línea, Consumo recuerda otros episodios de encarecimientos injustificados en contextos críticos: “en el último año se han dado varias situaciones similares, como las denuncias por el aumento del precio de los VTC en el apagón del 28 de abril o las del incremento de precios de los vuelos a Galicia durante la oleada de incendios que sacudieron la comunidad el pasado verano”.
Reacción y críticas del sector hotelero
Pese a la valoración positiva del Ministerio, la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos (Cehat) mostró su rechazo a la intervención, al entender que la medida “no refleja la conducta real del sector” y recordando que los establecimientos se han comportado tradicionalmente como “espacios de refugios”.
En una nota difundida la semana pasada, la patronal recalcó que la industria hotelera no ha utilizado las emergencias para subir precios de manera oportunista, y afirmó que “los establecimientos hoteleros españoles han demostrado históricamente un comportamiento ejemplar en contextos críticos”.
La organización empresarial insistió además en que las políticas de protección al consumidor deberían diseñarse a partir de la colaboración con los sectores implicados, evitando trasladar a la ciudadanía una imagen que, según sostienen, “no se ajusta a la realidad del comportamiento de los establecimientos”.
Cehat también cuestionó el alcance de la norma y su foco en el alojamiento: “No entendemos por qué las limitaciones se han focalizado en el alojamiento, cuando el Real Decreto habla de todos los bienes y servicios. Desde Cehat queremos reiterar nuestro compromiso con la responsabilidad social, la colaboración institucional y la protección de los ciudadanos en situaciones de emergencia. Los hoteleros españoles han sido, son y seguirán siendo espacios de acogida y apoyo cuando la sociedad más lo necesita”, apuntó su presidente, Jorge Marichal.