El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha remitido este viernes una carta a 541 inmobiliarias y fondos de inversión que gestionan o concentran 50 o más viviendas cada uno, para recordarles que están obligados a extender los contratos de alquiler de sus inquilinos que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que estos lo hayan pedido.
Según ha detallado el Ministerio en un comunicado, las compañías destinatarias de esta notificación administran en conjunto más de 50.000 arrendamientos.
En la misiva, firmada por el director general de Consumo, se informa a todas las empresas de la obligatoriedad de cumplir con el Decreto-ley 8/2026, de 20 de marzo, que recoge medidas urgentes en materia de alquiler para hacer frente a las consecuencias económicas y sociales derivadas de la situación internacional.
Las disposiciones incluidas en esta norma afectan de forma directa a los contratos de arrendamiento de vivienda habitual, ámbito en el que operan estas inmobiliarias y fondos.
Según un informe elaborado por Consumo en colaboración con el CSIC y difundido este jueves, el 61% del mercado del alquiler está en manos de multiarrendadores particulares y personas jurídicas, mientras que los pequeños propietarios con una sola vivienda en alquiler controlan el 39% del parque arrendado.
El estudio constata además que los caseros o personas que perciben rentas por alquiler de vivienda habitual suponen un 4,9% de la población total frente al volumen de inquilinos, que constituyen el 20,8% de la población.
Los multiarrendadores controlan una proporción todavía mayor del mercado del alquiler en grandes ciudades como Las Palmas (65%), Santa Cruz de Tenerife (64,6%), Palma (63%), Barcelona (60,8%), Madrid (56,4%) o Valencia (55%).
En este sentido, la carta también explica a los grandes tenedores en qué consiste la prórroga extraordinaria de los contratos de arrendamiento de vivienda habitual: el inquilino podrá renovar de forma extraordinaria su contrato de alquiler una vez finalice la duración de este por plazos anuales, y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato estuviese firmado entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
Por tanto, recuerda el Ministerio de Pablo Bustinduy, la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor.
Consumo ha solicitado a las entidades la máxima diligencia para asegurar la correcta aplicación de las medidas, así como la adopción de los procedimientos internos necesarios para su cumplimiento inmediato.
El decreto que contempla la prórroga de los alquileres será votado para su convalidación la próxima semana en el Congreso y el Gobierno trabaja en reunir los apoyos necesarios para que no decaigan las medidas aprobadas.