El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha puesto en marcha una investigación para localizar y retirar anuncios de pisos en alquiler situados en zonas declaradas tensionadas que se publicitan con rentas superiores a las permitidas por ley para los grandes tenedores, o que, en el caso de propietarios particulares, omiten en el anuncio el precio del último contrato de arrendamiento de esa misma vivienda.
Desde el departamento que encabeza Pablo Bustinduy han señalado que estas conductas podrían constituir vulneraciones de la normativa de consumo al considerarse “prácticas desleales por engañosa” y, en consecuencia, ser objeto de sanciones.
En virtud de la Ley de Servicios de Atención a la Clientela, los portales inmobiliarios están obligados a incorporar en los anuncios online de viviendas ubicadas en áreas oficialmente catalogadas como tensionadas información “clara y accesible” que permita al consumidor conocer los criterios utilizados para fijar la renta ofertada conforme a dicha regulación, como la última renta del contrato previo en el caso de particulares o el índice de referencia aplicable para los grandes tenedores.
El secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, comunicó recientemente mediante una carta a los principales portales inmobiliarios y a las asociaciones del sector los cambios normativos introducidos en esta ley que afectan directamente a los anuncios de viviendas que publican en internet y a las obligaciones que asumen como intermediarios entre arrendador y arrendatario.
De este modo, la actuación iniciada por Consumo arranca tras detectarse, en el marco de la monitorización continua del mercado del alquiler que realiza este departamento, posibles prácticas que podrían “infringir las nuevas reglas de transparencia en la oferta comercial en viviendas en zonas declaradas como tensionadas”.
Hasta la fecha, la Ley de Vivienda exigía facilitar esta información únicamente antes de la firma del contrato de arrendamiento, pero la modificación normativa amplía esa obligación y establece que dichos datos también deben figurar de forma expresa en los anuncios.