El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha remitido este lunes una misiva a 13 grandes inmobiliarias y fondos de inversión que administran más de 100.000 viviendas en todo el país para notificarles que están obligados a extender los contratos de arrendamiento que venzan entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027, siempre que así lo pidan los inquilinos.
Según ha detallado el departamento que encabeza Pablo Bustinduy, la comunicación, enviada por la Dirección General del Consumo, traslada a estas 13 sociedades la aprobación el pasado 20 de marzo en el Consejo de Ministros del Real Decreto-ley que incorpora la prórroga de los contratos de alquiler dentro del paquete de respuesta del Ejecutivo al impacto económico de la guerra en Irán.
Las disposiciones incluidas en esta norma, ya en vigor y cuya convalidación en el Congreso se abordará en las próximas semanas, inciden de forma directa en los contratos de vivienda habitual, ámbito en el que operan estas compañías, por lo que se les recuerda expresamente la obligación de ajustarse a lo establecido en el decreto.
En la carta se detalla que, gracias a esta prórroga extraordinaria, el arrendatario podrá alargar de forma excepcional su contrato de alquiler de vivienda habitual una vez agotada su duración inicial, mediante renovaciones anuales y hasta un máximo de dos años adicionales, siempre que el contrato finalice entre el 22 de marzo de 2026 y el 31 de diciembre de 2027.
“Por tanto, la norma genera un nuevo derecho de renovación del plazo del contrato de alquiler por dos años que, previa solicitud del inquilino, deberá ser aceptado obligatoriamente por el arrendador, manteniéndose los términos y condiciones del contrato en vigor”, subraya el Ministerio.
Consumo ha reclamado a estas entidades la máxima diligencia para garantizar que las medidas se aplican correctamente, así como la puesta en marcha de los protocolos internos necesarios para asegurar su cumplimiento inmediato.
En los últimos días, tanto el ministro Bustinduy como la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, han instado a los inquilinos que reúnan los requisitos a que pidan la prórroga de sus contratos de alquiler, aprovechando que el Gobierno agotará el plazo máximo de un mes para su debate y convalidación en el Congreso.
Por el momento, el Ejecutivo dispone de apoyos suficientes para aprobar el texto. Si finalmente no lograra la convalidación, la norma decaería, pero habría tenido efectos durante un mes. De ahí la premura con la que el equipo de Yolanda Díaz está animando a los arrendatarios a solicitar la extensión de sus contratos.
Este decreto de vivienda se dio luz verde en el Consejo de Ministros extraordinario del 20 de marzo, en el que los ministros de Sumar se negaron a iniciar la reunión hasta asegurar la inclusión de la prórroga de los contratos de alquiler. Esta medida no se incorporó en el decreto anticrisis de carácter fiscal —ya convalidado—, sino en otro decreto independiente, que continúa pendiente del respaldo del Congreso.