QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha acordado imponer una sanción total de 3.600.902 euros a Alquiler Seguro, después de que el pasado mes de marzo se iniciara un expediente sancionador desde el Departamento encabezado por Pablo Bustinduy.
“La Secretaría General de Consumo y Juego del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha resuelto sancionar por un total de 3.600.902 euros a Alquiler Seguro por los cobros a inquilinos denunciados por Facua-Consumidores en Acción y otras irregularidades detectadas durante la investigación de las prácticas de la inmobiliaria”, ha avanzado este viernes la asociación en un comunicado.
Hace unos meses, Consumo anunció la apertura de un expediente sancionador contra una “gran agencia inmobiliaria” por posibles prácticas abusivas hacia los inquilinos en la gestión de alquileres en todo el país, sin hacer público en un primer momento el nombre de la compañía afectada.
Posteriormente, Facua reveló que la empresa investigada era Alquiler Seguro, a la que había denunciado en noviembre de 2023 por exigir a los arrendatarios el pago de honorarios, una conducta vetada por la normativa vigente tras la entrada en vigor de la ley de vivienda.
En la resolución, que Consumo ha notificado a Facua conforme marca la legislación al figurar como parte en el procedimiento, se rechazan las trece alegaciones formuladas por Alquiler Seguro para intentar evitar la sanción.
En el expediente sancionador, rubricado por el secretario general de Consumo y Juego, Andrés Barragán, se detallan “una tras otra las numerosas irregularidades que localizadas en los contratos que la inmobiliaria formaliza con los arrendatarios”.
Entre las conductas consideradas irregulares se incluye “la imposición de un supuesto servicio de atención al inquilino que disfraza el cobro a los arrendatarios de gastos que debe soportar el propietario del inmueble, la obligación de contratar un seguro del hogar –cuestión que también debe competer al arrendador– y un estudio de solvencia económica, así como limitar el derecho de desistimiento del contrato e imponer igualmente a los inquilinos todos los gastos derivados de posibles reclamaciones judiciales o extrajudiciales”, ha detallado Facua.
La organización de consumidores fue la primera en presentar denuncia en este caso contra Alquiler Seguro y figura como parte interesada en todo el procedimiento administrativo.
En concreto, Facua llevó a la inmobiliaria ante Consumo en noviembre de 2023 por obligar a los inquilinos a abonar el equivalente a una mensualidad de renta más el 21% de IVA, importe que la empresa atribuía a la prestación de un “servicio de atención al inquilino” que incluía, entre otros conceptos, asesoramiento en los trámites de cambio de titularidad de suministros energéticos, apoyo jurídico sobre el contrato de arrendamiento y hasta la gestión de siniestros e incidencias, una labor que en numerosos casos corresponde al propio arrendador.
La resolución sancionadora concluye que la compañía ha incurrido en seis infracciones tipificadas como “muy graves” y una adicional considerada “grave”, de acuerdo con el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, que aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
Las seis infracciones “muy graves” se traducen en una multa de un millón de euros, otra de 990.900 euros, tres sanciones de 500.000 euros cada una y otra de 100.001 euros, mientras que la infracción calificada como grave conlleva 10.001 euros. La suma de todas ellas asciende a 3.600.902 euros.
A partir de ahora, la empresa dispone de la posibilidad de interponer un recurso de alzada ante el ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, antes de que quede agotada la vía administrativa.
