QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha impuesto una sanción de 64 millones de euros a la plataforma ‘online’ de alquiler de viviendas turísticas Airbnb por, entre otros motivos, difundir anuncios de alojamientos que carecían de licencia, según ha comunicado este lunes el departamento dirigido por Pablo Bustinduy.
La resolución dictada por Consumo es definitiva en la vía administrativa y “agota la vía administrativa”, después de que se haya desestimado el recurso de alzada presentado ante el propio ministro de Consumo.
Además de la multa económica principal, el fallo incorpora dos sanciones accesorias que obligan a la compañía a corregir las irregularidades detectadas, retirando los contenidos ilícitos publicados en la plataforma y dando publicidad a la sanción recibida.
Las vulneraciones de la normativa de protección de los consumidores —localizadas en un total de 65.122 anuncios en Airbnb— se basan en la realización de prácticas comerciales desleales frente a los consumidores y usuarios, lo que ha motivado la resolución sancionadora.
En particular, Consumo alude a la presencia de anuncios de alojamientos turísticos sin número de licencia, incumpliendo así las obligaciones fijadas por la mayoría de las legislaciones autonómicas, que obligan a mostrar el número de registro en toda la publicidad.
El Ministerio también ha detectado anuncios que incorporaban números de licencia o de registro falsos o incorrectos, así como publicaciones que no ofrecían información veraz sobre la naturaleza jurídica de los anfitriones, configurando supuestos de publicidad engañosa.
Por estos hechos, se ha impuesto una sanción por infracción grave por un importe total de 64.055.311 euros, cuantía que, según Consumo, equivale “a seis veces el beneficio ilícito” que habría obtenido Airbnb gracias a estas prácticas, mantenidas desde el apercibimiento del Ministerio hasta la retirada efectiva de los anuncios afectados.
En este contexto, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ya había avalado con anterioridad la orden de retirada de anuncios dictada por el Ministerio en distintos autos, reforzando la actuación administrativa frente a la plataforma.
Incumplimientos en contratos a distancia y falta de colaboración
El Ministerio ha apreciado igualmente una infracción por vulneración del régimen de los contratos celebrados a distancia, al no facilitarse información sobre la naturaleza jurídica del anfitrión del alojamiento turístico ofertado. Esta conducta se ha calificado como infracción leve, penada con 10.000 euros.
Asimismo, Consumo ha señalado la obstrucción o negativa de Airbnb a proporcionar datos durante la tramitación del expediente sancionador, al no atender los requerimientos de información cursados por la Administración. Esta conducta se considera otra infracción leve, también castigada con una multa de 10.000 euros.
Por último, se ha constatado el incumplimiento de las obligaciones y prohibiciones fijadas mediante órdenes o medidas provisionales del órgano instructor —adoptadas para evitar riesgos o perjuicios a los consumidores mientras se resolvía el procedimiento—, tipificada como infracción grave y sancionada con 55.000 euros adicionales.
Actuaciones en el sector inmobiliario y crisis de la vivienda
En el ámbito de la vivienda, el Ministerio ha recordado que mantiene abiertos diversos expedientes sancionadores contra agencias inmobiliarias por posibles prácticas abusivas hacia los inquilinos en la gestión de los contratos de alquiler.
Consumo enmarca todas estas medidas en el objetivo fijado por Pablo Bustinduy de contribuir a frenar la crisis de la vivienda en España, uno de los principales problemas señalados en el país.
En esta línea, Bustinduy ha manifestado que “hay miles de familias que viven al límite a causa de la vivienda, mientras unos pocos se enriquecen con modelos de negocio que expulsan a las personas de sus hogares”, y ha recalcado que “ninguna empresa en España, por grande o poderosa que sea, puede estar por encima de la ley”.
