El Ministerio de Consumo ha vuelto a dejar claro que las plataformas intermediarias que publican contenidos de terceros “pasan a ser responsables” del material ilícito en el momento en que una autoridad competente les notifica su existencia y no lo retiran o bloquean su acceso “a la mayor brevedad posible”.
Fuentes del departamento han trasladado este mensaje a Europa Press después de que los portales Idealista y Pisos.com defendieran este viernes que la responsabilidad de los anuncios inmobiliarios recae exclusivamente en el anunciante, como titular de la información, y no en la plataforma intermediaria, algo que, a su entender, avalaría la jurisprudencia española.
Desde Consumo recuerdan que los artículos 6 y 9 del Reglamento de Servicios Digitales (DSA) fijan la responsabilidad de las plataformas inmobiliarias una vez que han sido notificadas. Añaden, además, que la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios, modificada por la reciente Ley de Servicios de Atención a la Clientela, considera ilícita la publicidad de precios por encima del importe regulado para un bien o servicio concreto, así como mostrar el precio sin detallar los criterios utilizados para ajustarlo al límite reglamentario.
El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 comunicó este viernes la apertura de una investigación para localizar y retirar anuncios de viviendas en alquiler en zonas declaradas tensionadas que se ofrezcan por encima de los precios máximos fijados por ley para grandes tenedores, o que, en el caso de particulares, no indiquen en el anuncio el precio del último contrato de alquiler de esa vivienda.
Según han explicado desde el departamento que encabeza Pablo Bustinduy, estas conductas podrían constituir infracciones de la normativa de consumo al ser consideradas “prácticas desleales por engañosa” y, en consecuencia, ser objeto de sanción.
En una rueda de prensa para presentar esta actuación, Bustinduy ha advertido de que actuarán “con toda contundencia” si se confirman estas “prácticas engañosas”. “Vamos a hacer valer los derechos de la ciudadanía y consumidores sobre cualquier tipo de fraude”, ha señalado.