El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha requerido a siete plataformas de alquiler vacacional que eliminen 138 anuncios de alojamientos situados en territorio palestino ocupado por Israel.
El departamento encabezado por Pablo Bustinduy ha desarrollado una investigación en la que se han identificado decenas de ofertas de estancias turísticas ubicadas en esas zonas. En total, se han localizado 138 anuncios en siete plataformas de intermediación que operan en el mercado español.
Tras estas pesquisas, el Ministerio ha remitido un primer requerimiento formal a las compañías multinacionales afectadas para comunicarles la detección de contenido ilícito en sus portales, al incluir comunicaciones comerciales sobre alojamientos localizados en territorios palestinos ocupados por Israel, y se les ha pedido su retirada o bloqueo inmediato.
“Si estas multinacionales no retiran en España los anuncios identificados podrían enfrentarse a posteriores actuaciones por parte del Ministerio”, advierte Consumo en un comunicado.
La actuación se ampara en el Real Decreto-ley que introduce medidas urgentes contra el genocidio en Gaza y de apoyo a la población palestina. En particular, se basa en su artículo 4, que determina que la publicidad relativa a la comercialización de bienes procedentes de asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado y a servicios prestados en dichos asentamientos se considera publicidad ilícita.
Los anuncios señalados corresponden a alojamientos en más de 200 códigos postales vinculados con asentamientos israelíes en territorio palestino ocupado, listados este lunes en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
El Real Decreto-ley aprobado por el Ejecutivo pretende poner en marcha medidas que ayuden a aliviar la situación de la población palestina en los territorios atacados por Israel.
Asimismo, la Opinión Consultiva de la Corte Internacional de Justicia de 19 de julio, titulada “Consecuencias jurídicas derivadas de las políticas y prácticas de Israel en el Territorio Palestino Ocupado, incluida Jerusalén Oriental”, sostiene que las vulneraciones cometidas por Israel en esos territorios generan obligaciones jurídicas para el resto de Estados de la comunidad internacional.
La Corte concluyó que los Estados tienen la obligación de “tomar medidas para impedir las relaciones comerciales o de inversión que contribuyan al mantenimiento de la situación ilegal creada por Israel en el territorio palestino ocupado”.
En este contexto, Consumo sostiene que estos anuncios de alojamientos “contribuyen a la normalización y perpetuación de un régimen colonial considerado ilegal bajo el derecho internacional”.
Además, en noviembre de 2025, la Association of Jurists for the Respect of International Law (Jurdi) presentó en Francia una demanda contra una plataforma de alquiler turístico por incluir propiedades en asentamientos israelíes de la Cisjordania ocupada.
Amnistía Internacional y las críticas a las grandes plataformas turísticas
Desde 2019, Amnistía Internacional y otras organizaciones han venido denunciando públicamente a diversas plataformas por ofertar alojamientos turísticos en territorio palestino ocupado.
En un informe, la organización señalaba a grandes operadores del turismo en línea como Airbnb, Booking, Tripadvisor y Expedia por comercializar estancias y actividades de ocio en asentamientos de Cisjordania y Jerusalén-Este.
En su documento “Destino Ocupación”, Amnistía examinaba las ofertas de estas empresas en cinco enclaves concretos de Cisjordania y Jerusalén-Este y recordaba que impulsar estas colonias israelíes, donde residen ya más de 600.000 personas, supone vulnerar el derecho internacional y los derechos humanos de la población palestina bajo ocupación y constituye un “crimen de guerra”.
“Amnistía Internacional considera que Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor no sólo contribuyen de forma importante a llevar el turismo a los asentamientos ilegales, sino que además engañan a sus clientes al no indicar de modo sistemático si los anuncios están situados en asentamientos israelíes”, argumenta Amnistía en su informe.
Según la organización, en los últimos años el Gobierno israelí ha destinado importantes recursos al impulso del sector turístico en los asentamientos, con fines esencialmente políticos, empleando lugares de interés “para justificar la apropiación de tierras y viviendas palestinas y a menudo construye asentamientos cerca de yacimientos arqueológicos deliberadamente, para subrayar la relación histórica del pueblo judío con la región”.
“El Gobierno israelí utiliza la creciente industria turística en los asentamientos para legitimar su existencia y su expansión y las empresas de turismo en línea le siguen el juego Los crímenes de guerra no son una atracción turística”, explicaba hace seis años en su informe Amnistía internacional, que llamaba a los gobiernos a frenar por ley estas prácticas e introducir normas que impidan la importación de bienes procedentes de los asentamientos.
“El modelo empresarial de Airbnb, Booking.com, Expedia y TripAdvisor contribuye a estas violaciones de derechos humanos al hacer negocios en los asentamientos”, explicaba Seema Joshi, directora de Asuntos Temáticos Globales de Amnistía Internacional.