El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 ha desmentido que la extensión de los contratos de alquiler constituya una medida “inconstitucional” limitada al contexto de la Covid-19. El departamento recuerda que esta herramienta se ha aprobado hasta en ocho ocasiones en el Consejo de Ministros y ha sido convalidada por el Congreso “no solo bajo el paraguas de la crisis sanitaria”.
“La prórroga es una medida necesaria”, sostienen fuentes del ministerio que dirige Pablo Bustinduy, que consideran que los argumentos del PSOE sobre la supuesta inconstitucionalidad de la propuesta de Sumar “no se sostienen”.
Desde Consumo detallan que, en los últimos años, el Ejecutivo de coalición ha incorporado esta prórroga en tres Reales Decretos-Ley vinculados al estado de alarma y al denominado escudo social frente al Covid; en otros cuatro Reales Decretos-Ley aprobados fuera del estado de alarma pero aún en el marco de ese escudo social, y en un último Real Decreto-Ley ya al margen tanto del estado de alarma como del escudo social, aprobado como parte de la respuesta a la guerra de Ucrania.
“La emergencia habitacional que existe en este momento y ha sido declarada por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es un contexto más que necesario para que se lleve a cabo otra prórroga de alquileres”, han subrayado las mismas fuentes.
Estas aclaraciones llegan después de que este lunes la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, advirtiera en una entrevista en ‘Onda Cero’ de que la iniciativa planteada por Sumar podría afectar a la disponibilidad de viviendas que pueden salir al mercado, además de suscitar “dudas jurídicas”.
La propuesta de Sumar pasa por prorrogar de forma automática todos los contratos de alquiler que venzan en los próximos meses. Según explicó ayer Bustinduy ante los medios, esta medida alcanzaría a 1,6 millones de personas durante este año y a casi 3 millones hasta 2027.