El Club de Exportadores e Inversores ha evaluado en 1,2 millones de euros anuales el gasto que enfrenta cada empresa para adherirse a las directivas de sostenibilidad de la Unión Europea.
Este grupo ha estudiado la normativa de la UE sobre la información ESG que deben proporcionar las empresas y cómo esto afecta su competitividad a nivel mundial.
La información ESG o no financiera en las compañías abarca los elementos comúnmente asociados con la sostenibilidad (Environmental, Social and Governance – ESG), tratados en dos directivas recién aprobadas, que aún no han sido incorporadas por España: la Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) y la Corporate Sustainability Due Dilligence Directive (CSDDD).
Según Silvia Iranzo –ex secretaria de Estado de Comercio–, una empresa española de mediano a gran tamaño tendría que gastar directamente unos 1.190.914 euros cada año para cumplir con estas directivas sobre sostenibilidad de manera adecuada.
Además, obedecer estas directivas implicaría costos indirectos para las empresas, originados por varios factores. Destacan la posible pérdida de clientes y proveedores, tanto a nivel nacional como internacional, por la disminución de competitividad ante empresas de países que no siguen normativas tan estrictas.
Consciente de estos peligros, y siguiendo las recomendaciones del informe Draghi sobre competitividad, la Comisión Europea propuso en febrero de 2025 un borrador de directiva «Stop-the-Clock», que sugiere retrasar un año la aplicación de la CSDDD y dos años la de la CSRD. Este documento es parte del conjunto de normas «Ómnibus», que también contempla reformas de ambas directivas con el fin de reducir en un 25% las cargas administrativas para las empresas, y al menos un 35% en el caso de las pymes.
«la situación es insólita en la UE porque, sin estar todavía transpuesta una directiva europea, ya está en proceso de aprobación otra directiva que da marcha atrás en las obligaciones impuestas por la primera».
De ser aprobadas estas reformas, la Comisión Europea calcula un ahorro anual de 6.300 millones de euros en costes administrativos en toda la UE. En España, este ahorro representaría 693 millones de euros, lo que equivale a una media de 126.000 euros por empresa afectada. Si se aplica este ahorro a las estimaciones iniciales, el costo de cumplimiento por empresa se reduciría a aproximadamente 1.064.914 euros, lo que significa una disminución del 10,58%.