QUIÉN ES QUIÉN
A MANO ALZADA
La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha exigido al Gobierno la supresión de la tasa de reposición en las convocatorias de empleo público y la imposición de sanciones severas a los responsables que perpetúen la temporalidad, tras analizar los resultados de la Encuesta de Población Activa, difundidos el jueves pasado.
De acuerdo con la información obtenida por el sindicato, en el segundo trimestre del presente año, las entidades públicas tenían 980.000 empleados en condición de temporalidad, lo que representa un 27,8%, cifra que duplica la temporalidad observada en el ámbito privado. En particular, para las mujeres, el índice de temporalidad asciende al 31,6%.
«Estos datos han motivado el recorte de fondos a España por parte de la Comisión Europea, por incumplir el mandato de reducir la temporalidad, pese a que la Ley establece el límite en el 8%», comunicó CSIF.
Frente a este escenario, el sindicato ha demandado la eliminación de la tasa de reposición (que el Gobierno pretende mantener en la próxima oferta de empleo público), argumentando que esta restricción impide que las administraciones atiendan adecuadamente las necesidades de los diversos servicios y les fuerza a optar por contrataciones temporales, especialmente en áreas como la salud o la educación.
Además, CSIF opina que los directivos que no respeten el límite legal deberían enfrentar sanciones y responsabilidades civiles. «Solo de esta manera se podrá combatir de manera efectiva estas situaciones de abuso y precariedad laboral que afecta a miles de trabajadores de nuestras administraciones», enfatizó el sindicato.
