La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha calculado este martes que al menos 125.000 empleados interinos siguen en situación de abuso de temporalidad, sin que se hayan convocado o cubierto las plazas de estabilización comprometidas, que suman más de medio millón.
El sindicato, que ha reclamado soluciones inmediatas tras conocerse hoy la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), denuncia que las administraciones públicas están incumpliendo “de manera sistemática” la Ley de Temporalidad.
“Esta situación pone en evidencia la ineficacia y falta de voluntad política de las diferentes administraciones, lo que supone un flagrante incumplimiento de lo establecido por mandato legal en la Ley 20/2021, ya que la resolución de los procesos de estabilización debería haberse ejecutado antes del 31 de diciembre de 2024”, sostiene CSIF.
La organización que preside Miguel Borra subraya que la tasa de temporalidad en el empleo público permanece anclada en el 30% por ciento, el doble que en la empresa privada, lo que equivale a cerca de un millón de trabajadores temporales.
Según CSIF, esta elevada temporalidad obedece a que las administraciones continúan recurriendo a la contratación de personal interino ligada a la tasa de reposición, una figura ya suprimida en virtud del acuerdo alcanzado el pasado mes de noviembre entre el Gobierno y los sindicatos de la Función Pública.
Aunque el TJUE precisa en su fallo que la cláusula cinco del Acuerdo Marco no obliga necesariamente a la conversión automática de los contratos temporales en fijos, sí reclama la adopción de medidas efectivas, proporcionadas y disuasorias para prevenir y sancionar el uso abusivo de sucesivos contratos de duración determinada. Además, establece que será el Tribunal Supremo quien tenga la última palabra conforme al ordenamiento español, al considerar que la figura jurisprudencial del “indefinido no fijo” no constituye una sanción real frente al abuso.
Ante este escenario, CSIF plantea introducir en la normativa española “sanciones ejemplares, claras, concretas y aplicables” para quienes, desde las administraciones, persistan en el abuso de la contratación temporal.
Además, pide que este tipo de sanciones vayan más allá de la mera responsabilidad administrativa y recaigan sobre los máximos responsables de aquellas administraciones que incumplan.
El sindicato reclama igualmente que las ofertas de empleo público incluyan todas las plazas estructurales necesarias para garantizar la prestación de los servicios, evitando así recurrir de forma sistemática a la interinidad. También exige acortar los plazos de resolución de los procesos selectivos, dado que el límite actual de tres años “se incumple sistemáticamente”.
Asimismo, tras el acuerdo cerrado el pasado mes de noviembre, CSIF urge al Gobierno a suprimir la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público, con el fin de que las administraciones puedan convocar las plazas que requieran sin depender de la contratación de interinos.