La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha reaccionado al último informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que pone en evidencia al Gobierno por su falta de claridad en el régimen de responsabilidad ante la no observancia de las normativas sobre temporalidad. Esta situación ha llevado al sindicato a solicitar urgentemente una reunión con Óscar López, ministro de Función Pública, buscando una respuesta «efectiva» para numerosos trabajadores en situación de «precariedad».
«España en estos momentos, tiene una temporalidad del 30% en las administraciones, por encima del 8%, incumpliendo nuestra propia norma y las exigencias de la Unión Europea», han declarado desde CSIF en un comunicado. Además, el sindicato ha abogado por establecer «sanciones ejemplares, concretas, previsibles y aplicables», tal y como recomendó el Abogado General, para aquellos responsables de administraciones que continúen con el abuso en la contratación temporal.
CSIF también ha instado a la convocatoria de todas las plazas estructurales necesarias para asegurar un servicio público de calidad y ha propuesto reducir los tiempos de ejecución en los procesos selectivos, que a menudo exceden el límite de 3 años establecido, así como la eliminación de la tasa de reposición en las ofertas de empleo público.
El sindicato ha criticado la reciente propuesta de Óscar López de reducir de tres a dos años el tiempo máximo para cubrir una vacante, alegando que «no da solución» a los problemas señalados por el Abogado General y ha advertido sobre posibles movilizaciones antes de finalizar el año «si no cambia de actitud».
Desde CSIF, han reafirmado su determinación de mantener la «presión» hasta lograr que el Gobierno «cumpla» y resuelva las dificultades que aún enfrentan los profesionales en las administraciones públicas.