La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha remitido al Ministerio de Trabajo y Economía Social un paquete de propuestas dentro del proceso de consulta pública para la modificación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL). Entre sus planteamientos figuran la fijación de ratios obligatorios de personal de prevención y un refuerzo específico de la protección de la salud mental.
Según CSIF, la normativa vigente ya no se ajusta a la realidad actual del empleo y precisa una transformación “urgente”, que tenga en cuenta el impacto de la digitalización, incremente los recursos disponibles, fortalezca el papel de los delegados de prevención e incluya a colectivos que ahora quedan fuera, como bomberos, policías o trabajadores de Vigilancia Aduanera, mediante una regulación concreta en un anexo a la ley y con plazos cerrados.
“Tras más de 30 años de vigencia, la ley ha quedado desfasada y, en demasiados casos, la prevención se ha convertido en un mero trámite burocrático, sin impacto real en la seguridad y la salud de las personas trabajadoras. La prevención no puede seguir siendo un papel que se archiva mientras aumentan los riesgos y se pone en juego la vida de los trabajadores”, sostiene CSIF.
La organización sindical alerta de que las transformaciones del mercado laboral (digitalización, sobrecarga de trabajo, envejecimiento de las plantillas o nuevas fórmulas de organización) están originando riesgos emergentes que la normativa actual no cubre de forma adecuada.
Por este motivo, CSIF reclama una reforma que implique un cambio de modelo efectivo, apoyado en una prevención más útil y menos burocratizada; un mayor control y sanciones frente a los incumplimientos, y una participación más intensa de las personas trabajadoras en las decisiones en materia preventiva.
El sindicato que encabeza Miguel Borra sitúa como eje central de la reforma la salud mental y los riesgos psicosociales, a los que define como uno de los grandes desafíos del empleo contemporáneo “y todavía insuficientemente abordado”.
En esta línea, CSIF plantea evaluaciones obligatorias de riesgos psicosociales con una periodicidad bienal, la puesta en marcha de planes específicos de salud mental, bienestar en el trabajo y prevención del suicidio en el ámbito laboral; la incorporación de psicólogos y psiquiatras a los servicios de prevención; la creación de una unidad técnica especializada en riesgos psicosociales y una regulación clara de los riesgos asociados a la digitalización, la inteligencia artificial y la hiperconectividad, garantizando el derecho efectivo a la desconexión digital.
Más recursos y control en la prevención
El sindicato denuncia que la externalización de la prevención ha desembocado en modelos “de bajo coste” que no ofrecen una protección adecuada a las plantillas.
Para corregir esta situación, propone fijar ratios obligatorios de inspectores de trabajo, técnicos de prevención y personal sanitario en los servicios de prevención, así como desarrollar sistemas de información eficaces que faciliten la coordinación entre administraciones sanitarias, mutuas, servicios de prevención y el Sistema Nacional de Salud.
Al mismo tiempo, defiende reforzar el papel de los delegados de prevención y la presencia sindical para elevar los niveles de seguridad laboral. Para ello, plantea un crédito horario adicional de, al menos, 40 horas para los delegados de prevención; acceso efectivo a toda la documentación preventiva; participación obligatoria en inspecciones y visitas preventivas, y comités de seguridad y salud con mayor capacidad de decisión ante situaciones de riesgo grave.
CSIF subraya que la reforma de la Ley de Prevención de Riesgos no debe limitarse a un simple ajuste técnico y reclama al Gobierno “valentía política y compromiso real” para colocar la salud laboral en el centro de las prioridades públicas.