Este martes, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha instado al Gobierno a suprimir la tasa de reposición en las convocatorias de empleo público y a imponer penalizaciones ejemplares a aquellos gestores públicos que excedan los límites de contratación temporal.
Nuestra organización considera que se deben adoptar estas medidas tras el recorte de fondos a España por parte de la Comisión Europea, entre otros motivos por incumplir el mandato de reducir la temporalidad, que sigue estancada en el 30%, el triple que en el sector privado, pese a que la Ley establece el límite en el 8%, afirma el sindicato.
De acuerdo con CSIF, es crucial que los responsables de gestionar el personal público que no respeten el límite legal de contratos temporales enfrenten sanciones y responsabilidades civiles. Sólo de esta manera se podrá combatir de manera efectiva estas situaciones de abuso y precariedad laboral que afecta a miles de trabajadores de nuestras administraciones, ha enfatizado el sindicato.
En comunicación reciente, Miguel Borra, líder del sindicato, ha indicado que la UE había iniciado procedimientos sancionadores contra España por la alta temporalidad en el sector público, con posibles multas de gran cuantía.
Además, CSIF critica que mantener la tasa de reposición en la próxima oferta de empleo público impide a las administraciones cubrir las necesidades de los distintos servicios y les obliga a recurrir a puestos temporales, especialmente en sectores como la sanidad o la educación.
El sindicato ha solicitado un encuentro urgente con Óscar López, ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, para discutir las condiciones laborales del sector público, incluyendo la temporalidad y la congelación salarial, ya que todavía no se ha negociado un nuevo acuerdo de salarios.
El Gobierno debe una subida mínima del 2,8% para acompañar los sueldos al IPC registrado el año pasado. En este sentido, calculamos que estaría pendiente una subida media por categorías de 374 euros a cada empleado público, por lo que el Gobierno estaría reteniendo unos 1.112 millones de euros, ha señalado CSIF, que además continuará con sus movilizaciones para presionar al Ejecutivo.