La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado este miércoles al Gobierno la puesta en marcha de un plan de contingencia en el sector público ante los posibles efectos económicos y sociales derivados de la guerra en Irán y en Oriente Próximo.
La organización que encabeza Miguel Borra plantea un refuerzo de personal en sanidad, servicios sociales, seguridad y empleo, así como en cualquier otro ámbito que resulte necesario, ante el riesgo de que la situación económica empeore y se traduzca en un incremento de prestaciones y ayudas sociales, mayor presión sobre la sanidad y los servicios sociales, sobre las oficinas de empleo y sobre los servicios de atención al ciudadano.
“En los momentos de crisis, el primer escudo de la ciudadanía son los servicios públicos”, ha subrayado el sindicato en un comunicado.
Junto a ello, CSIF reclama la creación de un fondo extraordinario dirigido a las administraciones públicas, comunidades autónomas y ayuntamientos, con el fin de sostener la financiación de los servicios públicos en caso de que se disparen los costes energéticos y las necesidades sociales.
El sindicato precisa que la finalidad de este fondo sería asegurar el correcto funcionamiento de la gestión pública, evitando la paralización de servicios y el deterioro de las plantillas.
CSIF considera igualmente imprescindible un plan de eficiencia energética en la Administración para reducir la dependencia energética de los edificios públicos, mediante actuaciones como el autoconsumo solar en inmuebles administrativos, medidas de ahorro en hospitales, centros educativos y sedes administrativas, así como más digitalización y teletrabajo.
En paralelo, la organización sindical plantea blindar el empleo y la actividad económica reactivando herramientas que ya se utilizaron en crisis anteriores, como los ERTE, y prevé la necesidad de reforzar el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) “para que no suceda lo mismo que en anteriores crisis”.
Además, el sindicato propone constituir una mesa permanente de seguimiento de la crisis en las administraciones públicas para monitorizar la inflación y el empleo, analizar el impacto sobre los servicios públicos y poner en marcha con rapidez las medidas de respuesta que se consideren necesarias.