La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha solicitado formalmente a la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, la asignación de fondos necesarios para cubrir, entre otros aspectos, el aumento salarial de los empleados públicos a partir del IPC y con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2025.
De acuerdo con una nota de prensa del sindicato, la petición formal se ha realizado coincidiendo con la salida en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la orden para la preparación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2026.
CSIF ha señalado que, a partir de este momento, las entidades y órganos que integran el sector público deberán presentar sus presupuestos antes del 12 de septiembre de este año.
Desde CSIF, aprovechamos dicho trámite para reiterar en la necesidad de que la nueva norma presupuestaria incluya medidas para la mejora de las condiciones económicas del conjunto de los trabajadores y trabajadoras del sector público, lo que sin duda redundará en la mejora de nuestros servicios públicos y en el fortalecimiento de nuestro Estado de Bienestar, la protección del capital humano con el cuentan nuestras Administraciones y los derechos de las personas trabajadoras, todos ellos criterios establecidos en la propia norma de presupuestación
, ha indicado el sindicato.
OTRAS RECLAMACIONES DE CSIF
Respecto a otras demandas, CSIF exige la restitución del poder adquisitivo que actualmente se ha reducido en más de un 20%, y el retorno al sistema de remuneración anterior a los recortes de 2010, recibiendo el 100% de las pagas extra.
El sindicato también reivindica una igualdad salarial para todos los empleados públicos, independientemente de la región o administración en la que trabajen para eliminar las ‘desigualdades retributivas existentes en la actualidad’.
Adicionalmente, CSIF solicita la adecuación de los grupos profesionales según la ley; la carrera profesional para todos los empleados públicos; la revisión de las indemnizaciones por razón del servicio, incluyendo las asignaciones por manutención, pernocta y uso de vehículo particular; y la equiparación salarial del personal laboral en el extranjero, actualizando sus salarios según el poder adquisitivo de cada país.
Otras demandas incluyen la revisión de las indemnizaciones por residencia, que no se han actualizado en más de 25 años, estableciendo montos uniformes sin importar la región; y la posibilidad de que mediante la negociación colectiva se puedan establecer aumentos salariales superiores a los previstos en la normativa presupuestaria.
El sindicato pide la eliminación de la tasa de reposición en las ofertas de empleo público, permitiendo a las administraciones ajustar sus ofertas a la planificación de recursos humanos y necesidades concretas de cada sector.
CSIF también aboga por la flexibilización de la promoción interna, eliminando los procesos selectivos actuales y vinculando la promoción a la superación de un curso selectivo; además de proponer una jornada laboral de 35 horas para todos los empleados públicos, para ‘evitar una diferencia de trato entre empleados públicos’.
Asimismo, el sindicato urge la regulación de la jubilación parcial para el personal funcionario y estatutario, así como su aplicación para todos los empleados públicos, independientemente de la administración en la que trabajen.
Finalmente, CSIF reclama la aplicación de la jubilación anticipada para aquellos trabajos de naturaleza excepcionalmente penosa, tóxica, peligrosa o insalubre, la homogeneización de los haberes reguladores de las pensiones de Clases Pasivas con las del Régimen General de Seguridad Social y la regulación de la jubilación voluntaria a los 60 años en el Régimen General de Seguridad Social.