CSIF señala la inestabilidad laboral en la Administración Pública según últimos datos

CSIF critica la inestabilidad de los empleos en la Administración Pública y demanda acciones inmediatas.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha interpretado los recientes datos sobre la pérdida de afiliación en el sector de la Administración Pública como un claro indicativo de la «inestabilidad» de los empleos en «ámbitos muy sensibles» de las administraciones, de acuerdo con un comunicado emitido por el sindicato.

Los informes de la Seguridad Social analizados por CSIF revelan que, solo en septiembre, el sector de la Administración Pública perdió 10.422 puestos de trabajo. A esto se suman las 7.813 bajas en el ámbito de la Sanidad, sumando un total de 18.235 empleos eliminados.

Por otro lado, tras tres meses de reducción continua de empleo, el sector Educación ha experimentado un incremento con 61.025 nuevos puestos de trabajo. Para CSIF, es fundamental que las plantillas en este sector sean estables y estructuradas, y no dependan de las variaciones coyunturales del mercado laboral. El sindicato recalca que la temporalidad sigue estancada en el 30%, lo cual no solo incumple la normativa vigente, sino también las directrices de Bruselas.

En este contexto, CSIF ha exigido al ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, que comience de inmediato las negociaciones sobre «cuestiones fundamentales que no pueden esperar más», como la eliminación de la tasa de reposición y el refuerzo de las plantillas, para poner fin a la precariedad laboral. Además, el sindicato demanda un nuevo acuerdo salarial que resuelva la congelación de las nóminas y la pérdida de poder adquisitivo sufrida hasta el momento.

CSIF advierte que si no se toman medidas, no descartan «retomar en breve las movilizaciones, sin descartar ninguna medida de presión». Sobre la subida salarial, el sindicato critica que el ministro la haya vinculado a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, calificando esta acción como «una excusa inaceptable» y una forma de utilizar a los empleados públicos como «rehenes y moneda de cambio» en las negociaciones parlamentarias.

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